Lo piden las defensas de 10 funcionarios y empresarios, la mitad con prisión efectiva por desvío de fondos para obras tras un temporal en Comodoro Rivadavia.
La causa de corrupción que llegó al Superior Tribunal de Justicia está vinculada con un temporal de 2017 que provocó destrozos durante más de 10 días en Comodoro Rivadavia.
Este miércoles se llevará a cabo en el Superior Tribunal de Justicia de Chubut una audiencia clave para iniciar el proceso de revisión de las penas a diez condenados en el caso de corrupción conocido como Emergencia Climática.
Se trata de exfuncionarios municipales y empresarios que fueron hallados responsables en distinto grado por el desvío de recursos públicos destinados a reparaciones después del temporal que azotó varios barrios de Comodoro Rivadavia entre fines de marzo y principios de abril de 2017. En su momento, se cuantificó un fraude cercano a los 400.000 dólares.
Las defensas de los condenados buscarán que se anulen las sentencias o, en su defecto, que se reduzcan las penas impuestas. La máxima autoridad judicial de la provincia tiene esas dos opciones, o bien confirmar los fallos de primera y segunda instancia y dejar todo como está.
Los cartas de los abogados defensores
Los abogados defensores plantean que durante el proceso judicial se violaron los derechos de sus representados. El eje central de su estrategia apunta al rol desdibujado de los fiscales Marcelo Crettón y Adrián Cabral, quienes inicialmente habían desistido de llevar adelante el juicio.
Esa decisión de la parte acusadora derivó en que el Tribunal de Juicio solicitara a la Procuración General designar un nuevo fiscal para que continuara con la acusación.
Según explicaron en su momento los defensores Guillermo Iglesias y Fabián Gabalachis, representantes de dos de los funcionarios más importantes entre los condenados, consideran que la acusación fue impulsada por los jueces y no por los fiscales, en contradicción con el sistema acusatorio vigente.
Este planteo es visto como "un exceso de funciones" por parte del tribunal de aquella primera instancia del proceso. Y habilita a los defensores a pedir directamente la anulación de la sentencia que ya fue ratificada en segunda instancia, pese e éste y otros fundamentos que vienen sosteniendo.
Ahora bien, si este primer argumento no prospera, tienen preparada otra batería de cuestionamientos orientados, como mínimo, a lograr una reducción de las condenas.
Por ejemplo, Iglesias sostuvo que para su defendido "era imposible saber lo que estaban haciendo sus dependientes en el terreno", argumentando que no se probó que estuviera al tanto de las irregularidades en las obras facturadas y pagadas a los empresarios contratistas cuando en realidad nunca se hicieron.
Las penas que están en juego en Chubut
Las penas más severas recayeron sobre Abel Boyero y Roberto Monasterolo, ambos sentenciados a 5 años de prisión. También se encuentra en esta situación Rubén Palomeque, quien recibió 4 años de prisión. Los tres eran funcionarios municipales al momento de los hechos investigados.
Entre los empresarios condenados figuran Javier Morales con 3 años y 8 meses de prisión, Cristian Pérez con 3 años y 6 meses, y Hernán Lobos Rosas con 3 años y 3 meses. Todas estas sentencias son de cumplimiento efectivo.
Los inspectores municipales Joaquín Mansilla, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara recibieron 3 años de prisión en suspenso más 300 horas de trabajo comunitario. Por su parte, Eduardo Van Herdeen fue condenado a 2 años de prisión en suspenso y 100 horas de trabajo comunitario no remunerado.
¿Las elecciones podrían apurar al STJ?
Aunque la audiencia se realiza este miércoles, fuentes judiciales consultadas por ADNSUR coincidieron en que resulta prácticamente imposible que el Superior Tribunal emita su decisión el mismo día. Después de escuchar los argumentos de las partes —donde la acusación estará a cargo de la Procuración General— los ministros se tomarán un tiempo para evaluar.
Según los antecedentes de casos similares, el pronunciamiento suele demorarse varios meses. A diferencia de los tribunales inferiores, la corte provincial no tiene la práctica de anunciar verbalmente su veredicto para luego presentar la sentencia escrita, sino que directamente emite sus fallos por escrito.
Sin embargo, dado que el caso genera gran expectativa en el ámbito político y considerando que las elecciones legislativas nacionales se realizarán el domingo 26 de octubre, algunos observadores en Chubut especulan que el tribunal podría expedirse en un plazo de un par de semanas.
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