El exguardia del SPF, de 75 años, está imputado en una emblemática causa por crímenes de lesa humanidad en la dictadura. Se va un mes a España e Italia.
Un exguardia del Servicio Penitenciario Federal imputado en la emblemática Causa 500 obtuvo permiso para viajar a Italia y España durante un mes, pese a enfrentar graves acusaciones por violaciones a los Derechos Humanos en la Unidad 6 de Rawson, en Chubut, durante la última dictadura. La fiscalía se opuso enérgicamente a la medida, que igualmente fue convadlidada.
En una polémica resolución, la Justicia Federal autorizó a Ramón Miguel Govi, de 75 años, a emprender un viaje al exterior justo antes de afrontar su juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia le otorgó permiso para celebrar sus bodas de oro junto a su esposa en un tour por Europa que se extenderá por un mes.
Govi está procesado por once casos de privación ilegal de la libertad mediando violencia y amenazas, además de tormentos agravados contra presos políticos.
La resolución judicial generó profundo malestar en círculos de derechos humanos, especialmente porque el Ministerio Público Fiscal (MPF) se había manifestado en contra del permiso. Para fundamentarlo, los fiscales argumentaron que, por la "gravedad institucional" de los delitos imputados, Govi podría recibir una condena de cumplimiento efectivo.
A pesar de las objeciones, los magistrados consideraron que el acusado podía viajar, estableciendo como condición el depósito de una caución de tres millones de pesos y la presentación detallada de su itinerario. El viaje se realizará entre el 25 de mayo y el 25 de junio, período durante el cual recorrerá diversas ciudades italianas y españolas.
"Se comprometió a poner a disposición un itinerario claro y con retorno fijado dentro de un plazo razonable, en atención a la distancia del destino informado", expresaron los jueces en su fundamentación para conceder la autorización excepcional.
El tribunal estableció que Govi deberá acreditar su regreso al país dentro de las 24 horas siguientes a su arribo. En caso de incumplimiento, la justicia ordenará su inmediata captura.
La celebración de sus 50 años de casado podría ser la última salida del país del exguardia penitenciario en ejercicio de de su libertad, ya que el proceso judicial en su contra avanza y se prevé que el juicio oral en el que está imputado junto a otros acusados por la represión ilegal se inicie durante 2026.
Una causá emblemática de los crímenes de la dictadura en Chubut
La causa en la que está implicado Govi es una de las más importantes relacionadas con la represión ilegal en Chubut. Cuenta con 66 víctimas acreditadas y forma parte de un conjunto de expedientes que buscan hacer justicia por los crímenes cometidos durante los años de terrorismo de Estado.
En este proceso judicial también están imputados otros 17 exagentes penitenciarios: Juan Roldán, Juan Carlos Abraham, Rafael Ruiz Díaz, Ricardo Jesús Mejía, Juan Carlos Castillo, Jorge Osvaldo Steding, Raúl Barck, Héctor Cantero, Antonio Olmedo, César Santos Wahnish, Ramón Rodríguez, José Chaparro, Rogelio Recio, Miguel Ojeda, Emilio Dambra, Serapio Sotelo y Ramón de Jesús Sosa.
Todos ellos deberán responder por hechos ocurridos en la Unidad Penitenciaria 6 de Rawson, tristemente célebre por las condiciones inhumanas a las que fueron sometidos los presos políticos durante la dictadura.
Paralelamente a la Causa 500, la agenda de la Justicia Federal en la provincia incluye otras investigaciones por crímenes de lesa humanidad que están próximas a llegar a juicio.
Una de ellas, la más avanzada, tendrá audiencia oral los días 18 y 19 de agosto. Se trata de una causa que investiga ilícitos perpetrados en el Regimiento 8 de Infantería General O'Higgins de Comodoro Rivadavia. Los imputados son Rafael Manuelides, Francisco Sevilla, Raúl Cruz, Alfredo Lisseri, Eduardo Rodríguez, Carlos Moreno, Fernando Pedernera y Mario Pérez.
Se juzgarán casos vinculados a 23 víctimas de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales e imposición de tormentos.
Una tercera causa relacionada con los "años de plomo" en Esquel se encuentra en etapa de producción de prueba. Los imputados son Norberto Condal, Jorge Granada, Guillermo González Chipont y Osvaldo Sierra, acusados por privar ilegítimamente de la libertad a tres personas, con agravantes por mediar violencia y por su condición de funcionarios públicos, además de allanamientos ilegales.
Estos hechos habrían ocurrido en el Destacamento de Exploración de Caballería de Montaña N° 181 del Ejército Argentino.
La investigación de esta última causa estuvo bajo la responsabilidad del juez federal Guido Otranto, y forma parte del conjunto de expedientes que buscan esclarecer lo sucedido en Chubut durante el período más oscuro de la historia argentina reciente.
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