Chubut y Buenos Aires deberán pagar $4.000 millones por un accidente en el que murieron ocho chicos

Los estados provinciales de Chubut y Buenos Aires fueron condenados a pagar cerca de $4.000 millones a las familias de chicos de una escuela del municipio bonaerense de Merlo, por el derrumbe de una pasarela sobre el río Chubut, en Dique Florentino Ameghino, que causó la muerte de ocho alumnos y alumnas y una docente de la institución educativa.

La condena incluye también a la firma Provincia Seguros, que tenía contrato con el Estado bonaerense.

A casi 23 años de la tragedia, ocurrida el 19 de septiembre de 2002, la jueza civil de Rawson Amorina Úrsula Testino hizo lugar, en dos fallos separados, a los reclamos de las familias de Valeria Yamila Moreno y Walter Damián Caballero, dos chicos que perdieron la vida, y de otros 18 sobrevivientes. Otras familias de víctimas ya habían llegado a acuerdos de reparación.

Además de las víctimas fatales, el grupo que sobrevivió a la caída sufrió heridas y consecuencias psicológicas permanentes.

De la Corte Suprema a Chubut

En noviembre de 2002 se había presentado el reclamo colectivo por daño material, moral, psicológico, patrimonial y costos de tratamiento ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero un complejo derrotero procesal llevó la causa a Chubut.

Testino consideró probada la responsabilidad que tuvo la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, que no garantizó la seguridad de los chicos que integraron el viaje de estudios de la EGB N°39 “Fragata Libertad”, de la localidad de Libertad, en Merlo. Iban acompañados por docentes y por la directora de la institución.

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2002: la tragedia del Dique Ameghino, en Chubut.

La pasarela del Dique no soportaba más de 8 personas pero no había un cartel que lo indicara, y subieron 53 al mismo tiempo para sacar fotos.

El fallo considera que además de la institución, el Estado bonaerense, a través de docentes y directivos, estaba obligado a tomar precauciones y garantizar la integridad física de los alumnos.

En lo que respecta a Chubut, la jueza resaltó que la pasarela integraba el patrimonio público provincial y que el Estado incurrió en una “conducta omisiva” ya que el cartel de advertencia de capacidad máxima del puente había sido sacado por el jefe comunal Carlos Gerez para repararlo, y no fue reemplazado hasta después del episodio.

Precisamente, la existencia de ese letrero, que no estaba cuando el puente colapsó, fue para la magistrada un indicativo de que se trataba de un lugar peligroso que había quedado sin señalizar.

La ausencia del cartel y la responsabilidad de las docentes

“Evidentemente –escribió la jueza-, se entendió en su momento que la pasarela era una cosa que podía generar un riesgo, y que correspondía advertir sobre la capacidad máxima a fin de evitar un mal uso del objeto que pudiera ocasionar resultados no queridos”.

“Esta situación de potencial riesgo fue debidamente advertida en su momento por quienes se ocuparon de colocar el cartel indicador del máximo de personas que podía transitar por la pasarela, de un lado y del otro”, agregó.

En cuanto a quienes estaban a cargo de los chicos, Testino opinó: “Si bien la pasarela se desplomó por el mal uso dado, la previsión del riesgo que implicaba que tamaña cantidad de personas se ubicaran en un punto de la misma a la vez puede aplicarse a los docentes, quienes debieron representarse el riesgo que implicaba”.

Tanto Chubut como Buenos Aires, ya apelaron el fallo ante la Cámara Civil de Trelew.