El fallo beneficia a la Cooperativa de Energía de Sarmiento. Es por 10 años en los que el gobierno central no pagó las facturas de electricidad de un acueducto.
Coopsar, la cooperativa de energía de Sarmiento, Chubut.
Un fallo judicial sentenció a la provincia de Chubut a pagar más de 200 millones a una cooperativa de energía eléctrica municipal y comparó al gobierno provincial con “un vecino que se cuelga de la luz”.
La sentencia, dictada por el juez en lo civil Gustavo Antoun, determina que la provincia patagónica deberá abonarle $221.809.905,89 a la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Sarmiento (Coopsar) por el consumo de electricidad que mantiene en funcionamiento el acueducto del Lago Musters, a través del cual se provee de agua potable a la propia localidad de Sarmiento, la de Rada Tilly y las ciudades de Comodoro Rivadavia en Chubut y Caleta Olivia en Santa Cruz.
El fallo les da la razón a años de reclamos administrativos y advertencias de la Cooperativa, que desde 2015 no recibió pago alguno por parte del Estado provincial. El contrato de concesión de 2013 establecía que la Provincia debía abonar la energía del acueducto.
El juez dispuso que el monto adeudado empiece a ser pagado en un plazo máximo de 10 días, y abrió la posibilidad de que la provincia lo abone a lo largo de un año, en seis cuotas bimestrales iguales.
Acueducto del Lago Musters, genera provisión de agua para Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento, en Chubut, y Caleta Olivia, en Santa Cruz.
“Por lo gráfico y significativo podría trazarse un paralelismo con quien se cuelga de la luz sin pagar lo que consume”, escribió Antoun en su resolución.
El contrato que Chubut incumplió
El magistrado indicó que el contrato de concesión firmado en 2013 establece “con claridad” que la energía para el funcionamiento del acueducto debe ser abonada por la Provincia. “Al no hacerlo desde 2015, transfirió a la Cooperativa una carga económica imposible de sostener”, indicó.
En la sentencia se detalla, por caso, que entre marzo de 2019 y agosto de 2020 Coopsar le pagó a la distribuidora mayorista Cammesa menos del 10 % de un mes de facturación, mientras continuaba recibiendo intimaciones de la empresa.
En base a eso, el juez subraya que el incumplimiento provincial puso en riesgo el suministro de agua potable para toda la región. “Si la Coopsar deja de pagar, se corta el servicio”, indicó en su análisis.
Antoun apuntó también contra la burocracia provincial, a la que acusó de mantener un “estruendoso silencio” frente a los reclamos, y dijo que la falta de lógica “de cada nota y de cada opinión de los funcionarios es tan patente como patética”.
Indiferencia "difícil de entender"
Según refirió el magistrado, los expedientes circularon durante años entre distintas áreas del Gobierno sin que hubiera resolución concreta. Incluso, en 2020 el Ministerio de Economía negó haber recibido las facturas de Coopsar, pese a que varios funcionarios confirmaron su recepción.
Esa omisión por parte del Estado provincial, advirtió Antoun, trasladó la carga a los socios de la Cooperativa de Sarmiento -es decir, los usuarios-, que debieron subsidiar con sus aportes el sistema que abastece a otras ciudades. “No resulta lógico que los habitantes de una localidad carguen con los costos de un servicio que le pertenece a la Provincia”, indicó.
Para el juez, la actitud del Gobierno chubutense reveló una falta de compromiso con un servicio público esencial, y una indiferencia “difícil de entender” frente a los reclamos.
El fallo ordena también que la provincia de Chubut asuma las costas del juicio y los honorarios de los peritos, lo que eleva el impacto económico sobre las arcas de la administración provincial.
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