Santa Cruz: echan a una funcionaria por presunto consumo de pornografía infantil
La demoraron durante un operativo internacional que incluyó 70 allanamientos en 18 provincias argentinas, incluida Neuquén.
El Gobierno de Santa Cruz dispuso la desvinculación inmediata y preventiva de Ivana Álvarez, que hasta este lunes 28 de abril de 2026 se desempeñaba como directora del Centro Integrador Comunitario (CIC) "Nuestra Señora del Carmen" de Río Gallegos.
La medida fue tomada tras conocerse su detención en el marco del operativo internacional "Aliados por la Infancia VI", originado en Estados Unidos a partir de investigaciones destinadas a combatir la difusión y el consumo de pornografía infantil.
Funcionaria reconocida
La funcionaria era reconocida como una de las primeras mujeres trans de la provincia en acceder a un cargo de ese tipo, quedó a disposición del juzgado interviniente.
Según informaron fuentes vinculadas a la investigación a La Opinión Austral, la situación procesal de Álvarez estaría relacionada con una causa por consumo de material de abuso sexual infantil (MASA).
Sin embargo, la causa permanece en desarrollo y hasta el momento no se difundieron detalles sobre eventuales imputaciones formales a la involucrada.
Álvarez se desempeñaba en el cargo desde octubre de 2024 y era una figura con fuerte presencia territorial, según consigna La Opinión Austral.
Su gestión al frente del CIC se había caracterizado por talleres comunitarios, jornadas deportivas, actividades culturales y operativos de acceso a documentación y servicios sociales.
No fue la única alcanzada por un procedimiento coordinado que se llevó adelante en distintos países y varias provincias argentinas.
Un operativo de alcance global
El caso se inscribe en el operativo "Aliados por la Infancia VI", una investigación internacional coordinada a partir de reportes del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, y que ya anteriormente implicó intervenciones coordinadas en el país.
La acción contó con la intervención de la Embajada de EE.UU., el U.S. Department of Homeland Security y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, y en el país derivó en 70 allanamientos en 18 provincias argentinas, entre las que además de Santa Cruz, aparece Neuquen.
Las otras jurisdicciones son Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, además de la CABA.
Santa Cruz, con 13 allanamientos
En Santa Cruz, el operativo derivó en 13 allanamientos, ocho personas detenidas y la identificación de seis menores de edad que quedaron bajo protección judicial.
Los procedimientos se llevaron a cabo en distintos puntos de Río Gallegos y otras localidades, con participación de las divisiones de Cibercrimen, Investigaciones y áreas especializadas en delitos complejos de la policía federal.
Además de los casos de tenencia de material de abuso sexual infantil, la Policía local confirmó la detección de al menos un caso de grooming calificado como “grave”.
El despliegue en la provincia volvió a posicionar a Santa Cruz entre los distritos con mayor cantidad de allanamientos en el país dentro de este operativo, que en esta sexta edición tuvo alcance en decenas de países.
Qué dijo la gobernación
El Ejecutivo provincial, a cargo del gobernador Claudio Vidal, emitió un comunicado oficial en el que informó y justificó la decisión de desvincular a la funcionaria "de forma inmediata y definitiva".
"Frente a situaciones de esta naturaleza de público conocimiento se actuó con rapidez y responsabilidad, priorizando el resguardo institucional y la confianza de la comunidad en los espacios públicos”, dice el escrito.
“El Gobierno de Santa Cruz acompaña el accionar de la Justicia y mantiene una postura institucional frente a este tipo de situaciones", agrega.
Pericias digitales
Durante los allanamientos, se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y distintos dispositivos de almacenamiento.
La investigación continúa abierta y las pericias digitales sobre estos dispositivos serán determinantes para establecer responsabilidades penales y definir la situación procesal de los imputados, incluida la funcionaria de Santa Cruz.
En ese contexto, desde el gobierno provincial remarcaron también que no descartan la adopción de nuevas medidas conforme vaya avanzando el expediente del caso en la justicia federal.
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