El anticipo de la ministra nacional Patricia Bullrich puso en alerta a los productores y usuarios de la proivincia, que hace punta en el tema.
El preso que se encuentra alojado en Senillosa pidió que lo dejen anotarse en el Reprocann para iniciar el autocultivo en la cárcel.
Luego del reciente anuncio de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sobre la revocación de inscripciones al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), se inició una polémica con productores y usuarios, entre otros sectores, que en Chubut tomó características propias, ya que allí se da una situación que permitiría que las determinaciones del Gobierno no tengan incidencia en la provincia.
Ante la incertidumbre que generó el anticipo de la ministra en un sector productivo con importante desarrollo en Chubut, un abogado de Comodoro Rivadaia que se especializa en el tema intentó dar tranquilidad explicando que el acceso al cannabis medicinal es potestad del Gobierno de Chubut a través de su propio registro provincial, y que por lo tanto, la eventual medida de la administración central, si se lleva adelante, no tendría efecto alguno en la provincia.
Martín Galíndez, reconocido especialista en el tema, hizó alusión a la llamada Ley Salomé, que la Legislatura chubutense convalidó en septiembre de 2024, haciendo punta al convertir a la provincia en la primera con una normativa y registro propios para promover y regular el consumo de cannabis medicinal, que en los últimos años venía impulsándose en todo el país a partir, justamente, de la creación del Reprocann, una herramienta que el actual Gobierno nacional cuestiona desde el momento en que asumió.
En esta oportunidad, Bullrich argumentó que la decisión de revocar los permisos de Reprocann se debe a un presunto “desvío de la marihuana hacia el mercado ilegal”. Además, expresó su preocupación por el alto contenido de la sustancia que la compone.
Asimismo, la ministra enfatizó que “con la marihuana hemos tenido un problema muy serio. Algunos creen que no hace daño, pero se convirtió en una droga muy peligrosa”, interviniendo así en un área más vinculada a la salud pública que a la seguridad, según las críticas del abogado chubutense.
Por qué en Chubut no corre
“Hay dos temas que omite la funcionaria: en primer lugar, que la autoridad de aplicación de la ley de cannabis medicinal es el Ministerio de Salud y quien en la actualidad lo reemplaza; pero no el de Seguridad”, explicó en diálogo con Diario Crónica el abogado de Comodoro Rivadavia, ciudad que avanza hacia la creación de un registro de usuarios de cannabis a nivel municipal.
El otro punto que marcó el conocido defensor del uso del cannabis medicinal es el relacionado con el federalismo sanitario.
“Las provincias tienen derecho a tener su propio Reprocann, en virtud de lo que se llama federalismo sanitario. Y en efecto, la provincia del Chubut ha sancionado su propia ley, actualmente en vías de reglamentación, que permite a los chubutenses acceder a su permiso provincial de cultivo”, afirmó.
La ley de Chubut habilita la creación de un registro específico en la provincia para los pacientes y al mismo tiempo dispone la implementación de una Agencia Chubutense de Cáñamo Industrial y Cannabis Medicinal, que se encargará de dar las licencias y fiscalizar los emprendimientos que abastecen a las farmacias.
Más allá de esta situación particular de Chubut, en la que todo el arco político respaldó la normativa e incluso el gobernador Ignacio Torres la celebró diciendo que ponía a la provincia en un lugar de vanguardia, el doctor Galíndez criticó los fundamentos para dar de baja el Registro nacional, que es el que rige hasta ahora para todo el país.
La baja del Reprocann, “una amenaza pública”
“El anuncio de Bullrich de dar de baja 300.000 permisos de cultivos de cannabis medicinal es una amenaza pública que se percibe como un avasallamiento del derecho a la salud y de la libertad”, afirmó el abogado.
Y amplió: “Los permisos de cultivo que se denominan Reprocann lejos de promover el narcotráfico, lo reducen. También permiten que los usuarios de cannabis debidamente registrados dejen de acudir al mercado clandestino y peligroso para acceder a la planta”, sostuvo.
En cuanto a lo mencionado, el letrado considera que “decir que el Reprocann genera narcotráfico es una simplificación del problema, porque justamente es todo lo contrario: el autocultivo permitió generar calidad en el acceso al cannabis medicinal e incluso mediante la Ley 27.669 de creación de la industria del cannabis medicinal y cáñamo industrial, se forjó una pujante actividad productiva”.
Los productores de Chubut y el cannabis
Galíndez no fue la única voz que se alzó desde Chubut ante el anticipo de la ministra Bullrich. Leonardo Gallardo, un productor de la provincia, advirtió que la decisión “no es viable” y que podría representar un retroceso en los derechos adquiridos.
Gallardo, fundador de una empresa pionera en la investigación y producción de derivados medicinales de cannabis en el país, admitió que la medida encendió las alarmas en distintos sectores.
“Siempre han tratado de ir para adelante, aunque por momentos se haya retrocedido, pero esto es un derecho adquirido de la gente. Lo que dijo la ministra de Seguridad no es viable”, sostuvo en declaraciones al mismo medio chubutense.
Si bien Bullrich había aclarado que el uso medicinal no se vería afectado, el productor advirtió que su eliminación generaría un vacío legal y una mayor incertidumbre en jurisdicciones que, a diferencia de Chubut, no cuentan con su propio registro, lo que les permite sostener un esquema de regulación más allá de lo que haga el Estado nacional.
Al igual que el abogado, Gallardo sostuvo que la solución a posibles irregularidades no debería ser eliminar el sistema, sino todo lo contrario: fortalecerlo con mejores controles.
“Es cierto que hay gente que ha obtenido permisos y los ha volcado al mercado ilegal, pero en lugar de eliminarlo, hay que abrir una mesa de diálogo para mejorar los mecanismos de fiscalización”, planteó.
El productor señaló que quienes “hoy cultivan desde su casa, y está muy bien que lo puedan hacer” y agregó que existen ONGs que también producen aceites, pero en muchos casos no hay un estándar de calidad porque falta conocimiento técnico y científico.
Ante esto, para él es central establecer normativas claras que permitan evitar situaciones en las que los usuarios compran productos sin garantía de efectividad.
“Que una señora compre un aceite en una herboristería y no le sirva para nada, que no tenga la concentración necesaria, es un problema. Hay un desbarajuste en términos generales de cómo se fue llevando esto”, admitió.
Independientemente de estos ajustes pendientes, Gallardo consideró que “si hacen que esto vaya para atrás y no para adelante, sería un gran atropello a derechos adquiridos”.
Para concluir, sostuvo que el cannabis “es una oportunidad económica y de salud para que la gente pueda acceder a algo de calidad. Fiscalizar y sacar la venta ilegal está bien, pero no se puede afectar a quienes realmente lo necesitan”.
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