El acusado es Guillermo Quiroga, líder de ATE. Su abogado planteó que el presunto desvío de fondos no habría perjudicado directamente a los querellantes.
Guillermo Quiroga, dirigente de ATE Chubut, es investigado junto a su ex mujer, Mirta Simone, quien fue secretaria administrativa del gremio.
En una audiencia en los tribunales de Rawson, la defensa de Guillermo Quiroga -secretario general de la seccional Chubut de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)- pidio que sean rechazados como querellantes tres afiliados al gremio, bajo el argumento de que no son directamente afectados por el delito que se investiga.
Quiroga está imputado penalmente por presunta administración fraudulenta, en una causa en la que se los investiga a él y a su expareja y ex secretaria administrativa de la entidad gremial, Mirta Simone.
Según la acusación Quiroga y Simone habrían desviado fondos de ATE Chubut por más de $50 millones transfiriendo dinero de las cuentas del sindicato a sus cuentas bancarias personales y haciendo cuantiosos retiros en efectivo.
La presentación de la defensa de Quiroga fue realizada en una audiencia de revisión ante los jueces Martín O´Connor y Ricardo Rolón, quienes deberán resolver si admiten o no el pedido.
En una audiencia anterior, la jueza Eve Ponce habilitó como querellantes a los afiliados Claudia Barrionuevo, Analía González y Luciano López.
Chubut: el reclamo y la respuesta
“La habilitación de estos tres querellantes que se aceptaron, habilita a los restantes 12.735 afiliados de ATE a que también sean querellantes”, argumentó el defensor del líder del sindicato, Oscar Romero.
“Si se admiten estos tres que se admitieron de manera individual, no se les podría negar a otros que hagan valer su condición de afiliados. Ya hay otros seis que están gestionando ese derecho para intervenir en la causa”, sostuvo el letrado.
Por su parte, Danilo Sepúlveda, uno de los abogados que representan a los afiliados querellantes, salió al cruce de los argumentos del defensor y valoró el interés de los tres denunciantes en “defender el patrimonio de ATE”, para luego agregar que la actitud del defensor “es una maniobra dilatoria más”.
También se opusieron al pedido de Romero los fiscales de la Unidad Anticorrupción, Julieta Gamarra y Lucas Papini. Sostuvieron que “el análisis del artículo 98 del Código Procesal Penal, debe hacerse de manera amplia y no restrictiva”, como pretende la defensa.
El caso que se investiga
Quiroga está siendo investigado junto a su exesposa por la presunción de que ambos, y en complicidad, desviaron hacia cuentas personales fondos aportados por los trabajadores afiliados al sindicato.
Mediante el acceso a la información de las cuentas bancarias de Quiroga y de Mirta Simone, expareja del sindicalista -habilitado por decisión judicial- y otras pruebas, se busca determinar a qué se debió la transferencia de fondos del gremio hacia dos cuentas, por $20.000.000 en cada caso, más un retiro en efectivo por caja de otros $7.000.000.
El presunto desvío de fondos que se investiga es por un total superior a los $50 millones, que se les descontaron de sus salarios a trabajadores del Estado de Chubut, y la Justicia deberá determinar si fueron utilizados para gastos relacionados con la actividad sindical o si fueron derivados a cuestiones personales del dirigente.
El caso salió a la luz en 2024 cuando el fiscal de la Agencia de Delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez afirmó que había detectado que fondos del sindicato ATE "iban a parar a cuentas particulares de Quiroga".
En esa oportunidad y ese marco, Rodríguez señaló que hubo transferencias por casi $30.000.000 y retiros en efectivo por más de $20.000.000.
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