Se cayó la causa contra el exfuncionario de Chubut acusado de ofrecer coima para que los docentes pararan

Una resolución judicial dejó sin efecto todos los procedimientos realizados en febrero contra un exfuncionario provincial de Chubut acusado de haberle ofrecido coima a un dirigente local del gremio ATE, de los estatales nacionales, para que lanzara una huelga y de ese modo trabara el inicio de clases de este 2026 en la provincia y perjudicara a la gestión del gobernador Ignacio Torres.

La jueza Mirta Moreno declaró la nulidad de los allanamientos, secuestros y requisas contra Gonzalo Carpintero, exministro de Coordinación del Gabinete provincial durante el gobierno del fallecido Mario Das Neves y en 2021 condenado por coimas, y ordenó la devolución de todos los elementos incautados, entre ellos el teléfono celular del imputado.

El expediente se había originado en una denuncia del dirigente de ATE, José Severiche, a partir de la cual Julieta Gamarra, fiscal al frente de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública, imputó a Carpintero por cohecho e incitación al caos social, junto con Ricardo Traversini Loza, un allegado suyo a quien habían señalado como "intermediario" del ofrecimiento de coima.

La magistrada señaló que la presentación fiscal carecía de fundamentación adecuada, en especial respecto del concepto de "funcionario público", figura central para encuadrar el delito de cohecho.

En ese sentido, coincidió con la defensa en el hecho de que la imputación no podía prosperar, ya que para que el cohecho se configure debe participar un funcionario público, y esta situación no estaba dada.

“Fiscalía no mencionó las funciones ni las razones por la cuales Severiche debía ser considerado funcionario público”, escribió en el fallo al que tuvo acceso Diario Jornada.

Entre sus fundamentos la jueza también tuvo en cuenta que por su licencia gremial, Severiche no tiene capacidad de movilización como para convocar a una huelga docente y así trabar el inicio del ciclo lectivo.

Para la magistrada, el pedido de “generar conflicto gremial” para impedir el inicio del ciclo lectivo “es ajeno a cualquier facultad administrativa o deber de oficio de Severiche”.

El denunciante “carece de potestad legal alguna sobre el calendario escolar o la apertura de los establecimientos, decisiones que pertenecen a la esfera exclusiva de la autoridad educativa provincial”.

Los allanamientos declarados nulos

Junto con su denuncia, según el propio representante sindical de los estatales confirmó en declaraciones públicas posteriores, Severiche aportó pruebas sobre las conversaciones que supuestamenter mantuvo con Carpintero a través de mensajes de celular.

A partir de esto, la fiscal anticorrupción hizo un pedido de allanamiento autorizado por la jueza Moreno. Carpintero fue interceptado mientras se trasladaba en su automóvil desde Rawson hacia Trelew. En esa ocasión le secuestraron el teléfono celular, siguiendo las órdenes de la jueza que ahora declaró todo nulo.

También se ordenó un allanamiento de la oficina de trabajo de Carpintero ubicada en el Parque Industrial Liviano de Trelew, donde encontraron a un allegado suyo con Severiche -imágenes de cámaras de vigilancia confirmaron la presencia del sindicalista.

Allí se incautó otro teléfono, de una persona que, según la fiscal Gamarra, “funcionó como intermediario y además estuvo presente en la reunión”.

José Severiche, secretario general de ATE-Trelew, denunció por coima a un político de Chubut

Ante el avance de la investigación, la propia provincia de Chubut, desde la administración del gobernador Ignacio Torres, había decidido constituirse como querellante en la causa, lo que le dio al caso una fuerte repercusión política y gremial.

Pero finalmente, ahora todo parece caerse, mientras el acusado y su abogado sostienen que todo estuvo armado para perjudicarlo, una vez más, valiéndose de sus antecedentes de corrupción y por una disputa entre el gobierno provincial y parte del sector pesquero en el que actualmente se desempeña Carpintero.

El pedido del exfuncionario de Chubut

En rigor, la decisión de la jueza llega menos de dos semanas después de un inicio de clases sin conflictos en Chubut (el 23 de febrero) y en respuesta a un planteo formal presentado por la defensa del exfuncionario en una audiencia celebrada el último lunes.

El abogado defensor argumentó "falta de delito" y "excepción de falta de acción", y calificó los procedimientos como parte de un "operativo" armado contra su cliente.

Según la versión de la defensa, el encuentro en el que supuestamente se habría ofrecido el dinero —que tuvo lugar en una oficina de Cacique Chiquichano 1515 a la que su defendido asistió acompañado por Traversini Loza— respondió a la actividad habitual de Carpintero como intermediario en conflictos laborales del sector pesquero.

El propio exfuncionario tomó la palabra ante la jueza para respaldar los argumentos de su abogado con un descargo.

Carpintero remarcó su vínculo de larga data con el denunciante: “A Severiche lo conozco hace, no sé si llega a 20 años, pero mucho tiempo. Yo era director del COSE y él era celador”, afirmó.

Además, aclaró a qué se dedica en la actualidad: “Me he especializado en políticas públicas y trabajo hoy en la actividad pesquera, fundamentalmente en los conflictos laborales”.

“Me dedico a evitar conflictos”, le dijo a la jueza

Sobre su rol, explicó que su tarea consiste en intervenir en disputas gremiales que en muchos casos afectan el funcionamiento de servicios públicos y establecimientos educativos.

“Lo único que he hecho desde que conseguí trabajo es la intervención en la resolución de conflictos laborales que también impiden el normal funcionamiento tanto de la administración pública como de las escuelas; cuando estos gremios entran en conflicto, cortan rutas”, sostuvo.

Mirta Moreno, jueza de Trelew

Respecto de la reunión puntual con Severiche, minimizó su relevancia: "¿Cuántos sindicalistas, cuántos políticos y cuántos periodistas entraron en esa oficina en ese lapso de tiempo? Severiche, uno más. Lamento que lo hayan usado de esa manera. Lo único que hizo él es quejarse del gobierno".

Carpintero también vinculó el episodio con sus antecedentes judiciales —fue condenado por enriquecimiento ilícito en las causas "Embrujo" y "Revelación", amba muy resonantes, por las que recibió pena en suspenso— y reclamó su derecho a la reinserción social.

“Cansado de la crucifixión pública”

“Estoy cansado de la crucifixión pública", sintetizó el exministro, quien sostuvo que su pasado judicial hoy lo expone a un trato que a su entender es mal intencionado.

“Yo soy fácil, por mi pasado, que lo pueden exponer y me pueden matar. Porque me han matado, me trajeron consecuencias laborales que tanto me costó reinsertarme en el ámbito laboral, social, familiar”, se lamentó.

Y agregó: “En la causa pasada, hace más de ocho años, me sometí a proceso, reconocí mi responsabilidad y pagué, económicamente, con mi libertad, con mi salud, familiarmente y públicamente. ¿Qué quieren que haga? ¿Quieren colgarme de la plaza y que me apedreen?”, concluyó.