Asesinato en la distribuidora: tres disparos por la espalda, videos borrados y un arma que permanece oculta

El asesinato de Santiago Flores, que había ingresado a robar bebidas a una distribuidora del barrio Belén, avanza luego de que la investigación judicial rechazara de plano cualquier forma de justicia por mano propia: formuló cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, tras constatar tres disparos por la espalda, videos borrados y un arma que permanece oculta.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:50 de la madrugada del 14 de diciembre en un depósito ubicado sobre calle Casimiro Gómez y Gervasoni. Según la reconstrucción preliminar, el joven Flores, de 29 años, ingresó al predio con intenciones de robo. En el lugar se hallaron elementos que darían cuenta de esa finalidad: una mochila con bebidas alcohólicas. Sin embargo, el delito contra la propiedad no se concretó, porque Flores fue hallado muerto en las instalaciones.

Personal de la Comisaría 18 intervino tras ser alertado por detonaciones y movimientos sospechosos en la zona. Al arribar, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida, un empleado que aseguró que se había caído del techo, y el hijo del dueño junto al cadaver, quien se presentó horas más tarde en Comisaría 19, acompañado por abogados, en una dependencia policial.

distribuidora asesinato casimiro gomez

Un asesinato que la acusación define como “esperado y preparado”

La investigación judicial avanzó rápidamente, tras constatar a través de pericias criminalísticas y en una autopsia que hubo más de 10 disparos, de los cuales tres impactaron en la espalda. Para el Ministerio Público Fiscal, Flores no estaba armado y recibió los disparos mientras huía, en un predio cerrado, sin posibilidad real de escape. Así, la causa avanzó en una dirección clara: no se trató de un accidente ni de una legítima defensa, sino de un homicidio que, de acuerdo a la acusación, fue "esperado y preparado".

Los imputados, Alexis Agustín Mariqueo y Juan Antonio Muñoz, acusados de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, podrían ser condenados por el delito que prevé una pena mínima de 10 años y 8 meses de prisión. La fiscalía y la querella sostienen que ambos acudieron al lugar con conocimiento previo de la posible intrusión y que, lejos de dar aviso a la policía —única autoridad habilitada para intervenir—, ingresaron al predio y dispararon contra la víctima.

“Santiago entra a robar cervezas, lo había hecho en anteriores oportunidades. Mariqueo y Muñoz esperaban esta nueva situación, fueron con un arma y le dispararon diez tiros. Tres impactaron en la espalda, terminando con su humanidad”, afirmó el abogado querellante David Fernández, representante de la familia de la víctima, en diálogo con LM Neuquén.

Neuquén sumará unos 210 domos de seguridad y Plottier, más de 50.

El letrado remarcó que “nadie llama a la policía” y que cuando los efectivos llegan al lugar “encuentran a Muñoz al lado del cuerpo, quien dice que se cayó y se murió. Omite lo central: un homicidio de magnitud grave, con alevosía y un desprecio absoluto por la vida, como afirman las juezas”.

Para la querella, la mecánica del hecho demuestra que la víctima fue acorralada. “Santiago no estaba armado, estaba escapando. Tenía lastimaduras en la cara, intentó correr y no tuvo posibilidad de defenderse, cayó al piso. Le disparan desde el único punto de salida que tenía”, sostuvo Fernández.

Las cámaras de seguridad del lugar, lejos de aportar claridad, se convirtieron en otro foco de sospecha. De acuerdo a los informes incorporados al expediente, los sistemas de grabación habrían sido manipulados: memorias faltantes, DVR sin registros y dispositivos reemplazados luego del hecho.

Para la querella, estas maniobras constituyen un claro intento de ocultamiento y entorpecimiento de la investigación. A ello se suma la presencia de varias personas no identificadas que, según testimonios y registros parciales, habrían participado en los momentos posteriores al homicidio, retirando elementos del lugar y auxiliando a los imputados.

Dictaron prisión domiciliaria tras presumir "despreciopor legalidad y falta de sometiemeto al proceso"

En primera instancia, el juez de garantías Lucas Yancarelli había dictado cuatro meses de prisión preventiva para ambos imputados. Sin embargo, un tribunal de juezas de revisión, conformado por García, Álvarez y Pelosso, revocó esa medida y dispuso prisión domiciliaria, al considerar que, si bien existen riesgos de fuga y entorpecimiento, la preventiva resultaba "desproporcionada".

En su resolución, las juezas recordaron que la defensa intentó cuestionar la decisión de la prisión preventiva, pero no discutió la configuración del hecho ni la calificación jurídica por la cual son investigados, homicidio agravado por uso de arma de fuego. Lo que la defensa de Mariqueo y Muñoz cuestionó fueron los riesgos de fuga y entorpecimiento, entendiendo el defensor que no hay configurado ninguno de los dos, en perjuicio de ello propuso medida cautelar de presentaciones de cuatro veces al día en la Comisaría 18. Pero las acusadoras pública y privada resistieron, pidiendo que se sostenga prisión preventiva, entendiendo que los riesgos que entendió Yancarelli siguen.

Tras un extenso desarrollo, donde analizaron tres bloques de información —en coincidencia con el juez de primera instancia— las juezas establecieron que el peligro de fuga se encuentra configurado, atendiendo a la gravedad del hecho, al contexto de justicia por mano propia frente a reiterados delitos contra la propiedad que venía sufriendo la distribuidora y a la pena en expectativa, estimada en un mínimo de 10 años y 8 meses de prisión. Ese cuadro, afirmaron, "permite presumir un posible desprecio por la legalidad y la falta de sometimiento al proceso".

SFP Ciudad Judicial (4).JPG

Para fundamentar esa conclusión, las juezas reconstruyeron la secuencia de lo ocurrido durante la madrugada del 14 de diciembre a partir del análisis de registros fílmicos y otros elementos de prueba. Según esa reconstrucción, alrededor de las 3:30 se observa a la víctima caminando hacia el predio; cuatro minutos después arriba un auto gris, del que desciende una persona con campera azul, que luego fue encontrada en el allanamiento, mientras otra queda apostada como “campana” fuera del lugar. A las 3:40, la persona con campera azul ingresa al predio trepando una medianera, y minutos más tarde se registra la llegada de más personas que habrían colaborado en el acometimiento. A las 3:44, un segundo sujeto alcanza elementos desde el exterior y luego ingresa al predio, mientras el primero se retira, quedando uno de ellos en el interior.

Para el tribunal, esa secuencia evidencia que, ante un presunto robo en curso, los involucrados no dieron aviso a la policía —única autoridad habilitada para ejercer la ley— y, pese a ello, se produjo un ataque contra la vida, lo que fue calificado como un “desprecio absoluto por la vida” frente a un hecho delictivo.

En cuanto al peligro de entorpecimiento, las juezas destacaron que aún restan identificar al menos a cuatro personas que habrían participado en el hecho y en las acciones posteriores, así como esclarecer referencias a una mujer que habría ocultado elementos entre sus ropas, la presunta utilización de un arma de fuego y la desaparición de cámaras de seguridad ubicadas en el lugar. Todas esas circunstancias, indicaron, constituyen tareas de obstrucción que justifican la presunción de que los imputados podrían interferir en la investigación.

Pese a la existencia de ambos riesgos procesales, el tribunal consideró que la prisión preventiva no era la única ni la más adecuada respuesta. En ese sentido, sostuvo que la prisión domiciliaria resulta una medida idónea y proporcional para neutralizar los peligros detectados, y cuestionó la negativa del juez Yancarelli a concederla.

Fuerte rechazo a la revocación de la prisión preventiva

La decisión del tribunal generó el fuerte rechazo de la querella. “No vamos a impugnar por una cuestión de tiempos, pero no estoy de acuerdo. La resolución está mal fundamentada y es contradictoria”, expresó Fernández tras la audiencia.

El abogado cuestionó que el tribunal haya reconocido los peligros procesales y, aun así, flexibilizado la detención. “Dicen que hay peligro de fuga, entorpecimiento, desprecio por la vida, remarcan la cantidad de gente que actuó y que todavía no está identificada, hablan de vehículos ocultos. Entonces, ¿cómo se justifica la domiciliaria? Si estas personas están en sus casas pueden dar directivas a testigos o a gente que participó”, advirtió.

“Es desproporcionado, sinceramente. Me han dejado gente en prisión preventiva por mucho menos”, agregó. Fernández también dio cuenta del impacto que la resolución tuvo en la familia de la víctima. “La familia está muy enojada y con mucho miedo. Saben que la gente de la distribuidora actúa por fuera de la ley, a los tiros. El día de la audiencia hubo una marcha muy concurrida en la Ciudad Judicial pidiendo la libertad de los imputados, eso también presiona”.

Un mensaje peligroso

Uno de los ejes centrales de la investigación es el presunto entorpecimiento posterior al homicidio. De acuerdo a la causa, se detectaron maniobras para ocultar evidencia: cámaras de seguridad sin registros, memorias faltantes y allanamientos realizados recién dos días después del hecho.

“Se tardó 16 horas en descubrir que esto fue una muerte violenta por disparos. Si se hubiera dicho desde el principio, las pericias se hacían como correspondía”, señaló el querellante. Según explicó, informes de la DAFI que fueron a extraer los videos de la distribuidora y de casas y locales aledaños, detectaron que los DVR estaban sin memoria y que luego apareció una nueva, sin data de la aquella fecha. “No sabemos qué ocultaban. Es un manoseo total de la escena. Con tantos autos y gente entrando y saliendo, uno no sabe si iban a cambiar todo. Esto es ocultamiento de un homicidio”, sostuvo.

Sin embargo, la secuencia general quedó filmada por la cámara domo policial apostada en una esquina. Por eso, también se investiga la participación de otras personas, entre ellas una mujer que habría ocultado elementos entre sus ropas y al menos dos vehículos —un auto gris y otro rosado— que habrían retirado a personas del lugar y, posiblemente, el arma utilizada, que aún no fue hallada.

asesinato-distribuidora-prision-domiciliaria

Más allá del expediente judicial, el caso expone un conflicto social de fondo, una grieta en la sociedad porque hay un sector que justifica la justicia por mano propia. “Escuché que algunos los llamaban héroes. Eso genera miedo, porque el mensaje es: ahora cualquiera puede ser héroe y matemos a cualquiera que tenga antecedentes”, alertó Fernández. “Esto viene de la mano de un discurso nacional que promueve que la gente se arme”.

Para la querella, fundamentada también en la resolución de las juezas, el límite es claro: “Si llamaban a la policía, Santiago estaría vivo. Lo que pasó fue justicia por mano propia”. Además, indicaron que Santiago tenía problemas de consumo de estupefacientes, y eso lo llevaba a mal vivir, pero nunca por crímenes violentos, como demuestran sus antecedentes. Sin embargo, hacía changas para poder criar a su hija, una bebé de un año y ocho meses, con ayuda de la abuela, ya que la mamá la había abandonado.

"Era una persona enferma que necesitaba ayuda del estado para salir de las drogas, cómo muchos jóvenes que son atrapados por esas adicciones. Pero estamos de acuerdo que no merecía una muerte tan violenta por la espalda, para eso tenemos un estado de derecho y no era una situación para tomar la "justicia en manos propias". Nunca llamaron a la policía y ocultaron el arma, las filmaciones y quisieron cambiar los hechos, "que Santiago cayó y murió, desconociendo ante la policía los impactos de bala", cuando efecturaron 10 disparos y 3 le quitaron la vida".

Mientras la causa sigue su curso, el asesinato en la distribuidora de barrio Belén se consolida como un caso testigo de una discusión tensada entre el hartazgo social y lo que ocurre cuando se empieza a justificar el asesinato como castigo.