La defensa del profesor condenado del Jardin 31 asegura que psicólogas mintieron en el juicio

Con una dura carta, la defensa del profesor condenado por abusos en el Jardín 31 dio a conocer que impugnarán la sentencia en su contra luego de corroborar que al menos tres psicólogas habrían mentido en el juicio popular. Los detalles de la acusación contra las expertas y la fiscalía.

Esta semana, la familia y defensa del docente, ejercida por el abogado particular Gustavo Palmieri, dieron a conocer una nota en la cual adelantaron los fundamentos detrás de la impugnación de la sentencia, confiando detalles de suma gravedad institucional, si son confirmados.

"El día martes 14 de abril del 2025 el docente falsamente acusado y condenado realizó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal contra 3 de las 6 psicólogas que intervinieron en el caso de los presuntos abusos cometidos en el jardín 31 por FALSO TESTIMONIO. Luego de haberse realizado el juicio el año pasado, el estudio jurídico que lleva adelante la defensa del docente, se tomó el trabajo de analizar los dichos vertidos por familias y 'especialistas'. En esa instancia, las psicólogas forenses denunciadas penalmente mintieron al jurado", comienza el escrito.

Puntualmente, la denuncia que se presentó para desafiar el fallo condenatorio indica que las psicólogas que declararon y hoy fueron denunciadas alegaron, entre otras cosas, "que sus informes sobre las pericias psicológicas realizadas a las supuestas víctimas habían sido corroboradas y analizadas también por el especialista a nivel mundial: doctor Joseph Juárez López, hecho que nunca sucedió y que condicionó fuertemente la decisión del jurado popular, ya que el citado especialista es un máster en la materia de psicología del testimonio".

A raíz de esto, el escrito sostiene que la defensa del docente intentó reiteradas veces y sin éxito dar con el especialista en cuestión para corroborar esa supuesta colaboración de su parte.

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El juicio popular por los presuntos abusos en el Jardín 31 quedará cerrado mañana con los alegatos de clausura. Un día después, el jurado pasará a deliberar.

"En el mes de abril del 2025, el abogado que representa al docente tuvo que ir personalmente a intentar ubicar al psicólogo forense en Barcelona y en Girona, España, con resultado positivo. En ese encuentro, Juárez López sostuvo que en marzo había tenido comunicación con el Gabinete de Psiquiatra y Psicología Forense de Neuquén respondiendo la pregunta que desde la defensa se le hacía, pero la fiscalía de delitos sexuales, había mantenido en secreto dicha cuestión. Además, el especialista le brindó el mail donde él explicaba al MPF cuál fue su intervención en dicho caso y donde consta que sólo supervisó la metodología y fortaleció la práctica profesional por tratarse de un espacio de FORMACIÓN. Dejando en claro que NO intervino en la producción de informes y tampoco avaló las conclusiones de dichas profesionales", denunciaron.

Además, apuntaron también contra el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, quien encabezó la acusación en juicio, y el fiscal Manuel Islas, que llevó la investigación del caso.

"Estamos convencidos que tanto la fiscalía a cargo de Obeid como el fiscal Manuel Islas estaban en conocimiento de todas las falacias que se usaron para que el jurado declare culpable al docente, pero para determinar responsabilidades necesitamos que se INVESTIGUE. En la denuncia que se presentó se incluyeron pruebas documentales que se recabaron hasta el momento: mails, informes meta periciales, contradicciones en las declaraciones de las expertas, etc", indicaron.

Finalmente, el escrito cierra: "La lucha continúa, hasta que se devele la verdad. ¡Basta de falsas denuncias contra la docencia!".

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La condena del jurado popular

El profesor de música del Jardín 31 de barrio Melipal fue declarado culpable en el juicio por 12 de los 23 casos que se discutían, en noviembre de 2024.

La fiscalía había solicitado una pena de 45 años mientras que la defensa solicitó una condena de 8 años de prisión. Finalmente, en diciembre tras el juicio de cesura, el juez Juan Kees impuso una pena de 18 años de prisión tras valorar no solo la escala penal prevista para los delitos, sino también los agravantes y atenuantes manifestados por las partes.

Precisamente, Kees tuvo en cuenta como agravantes la pluralidad de víctimas, la vulnerabilidad de las mismas y la extensión del daño, mientras que consideró como atenuantes la ausencia de antecedentes penales, el contexto familiar y las agresiones sufridas al momento de ser detenido.

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Sebastián Fariña Petersen