Por mayoría, Revisión dejó en su casa a dos condenados por abuso

Dos hombres condenados a 8 años de prisión efectiva por haber violado a una niña en El Huecú cumplen la pena en sus casas ante la falta de poder ir a una cárcel, por estar cerradas temporalmente para el ingreso de nuevos internos debido a la sobrepoblación. La fiscalía halló una comisaría apta y pidió el traslado, pero una jueza primero y un tribunal de Revisión (por mayoría) después, rechazaron el planteo.

De esta manera, los abusadores condenados siguen en sus casas como cualquier día normal, pero con “rondines sorpresivos” para controlar que no salgan de sus viviendas. Es que, tampoco se puede disponer de una custodia permanente por haber pocos efectivos de esa localidad del norte neuquino.

Cabe recordar que el 28 de diciembre, los abusadores fueron por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente –un hecho- y abuso sexual simple, continuado (para B.C.) y abuso sexual con acceso carnal, agravado por la convivencia preexistente (para S.C.). La fiscalía requirió para ambos la pena de 8 años de prisión efectiva y las defensas accedieron al pedido.

En esa audiencia renunciaron a los plazos de impugnación, por lo que las condenas quedaron firmes. Sin embargo, al estar cerradas todas las cárceles, la fiscalía accedió a que comenzaran a cumplir la condenada en un domicilio de El Huecú, hasta hallar un lugar donde pudieran ser alojados.

Y así fue. El 29 de diciembre, la fiscalía presentó un informe de la jefatura de Seguridad Interior de la Policía provincial, el cual da cuenta de que era posible alojar a los dos condenados en dependencias policiales de Buta Ranquil donde ya hay condenados detenidos. Pero la magistrada Leticia no avaló el planteo y dispuso que el control de la detención se realice mediante rondines sorpresivos.

La fiscal solicitó revisar el fallo y ayer, las partes volvieron a debatir ante un tribunal de Revisión integrado por los jueces Mario Tomassi y Juan Pablo Balderrama y la jueza Carolina García. Al pedido también adhirió la querella institucional en representación de la víctima.

Nuevamente, la fiscalía expuso el informe y solicitó que cumplan pena en una comisaría. Incluso se escuchó a la madre de la niña víctima, quien manifestó estar atemorizada porque un auto de color rojo con vidrios polarizados ronda su casa y pidió que los abusadores de su hija vayan a prisión.

También detalló la fiscalía que los condenados pensaban realizar un evento en su domicilio, pero el mismo fue desarticulado a pedido de la fiscalía y la querella. Ya estaba todo preparado, hasta el escenario, cuando fiscalía y la defensora se quejaron y lograron frenar el evento, tal como explicó la jueza García en comunicación con LM Neuquén.

Pese a los intentos de la fiscalía y la querella institucional, por mayoría, el tribunal entendió que no estaban dadas las condiciones para alojar a los dos condenados en esa comisaría y confirmó la decisión de Lorenzo. “El fiscal presentó un informe donde dice que podían ir a una comisaría especial a cumplir pena, pero ellos (Tomassi y Balderrama) dicen que no porque se tiene que garantizar un lugar digno”, contó a LMN García, quien votó en disidencia para que sean trasladados a la dependencia policial porque justamente era un lugar en condiciones según el informe.

Sin embargo, el voto mayoritario confirmó la decisión de la jueza Lorenzo y los condenados quedaran en ese domicilio con rondines sorpresivos.

Por su parte, García argumentó que "están exponiendo a la niña" con esa decisión; que no escucharon a la madre que tiene miedo por el vehículo que ronda su casa; que vulneran los derechos de la niña víctima; y que "la debida diligencia reforzada se aplica también en la ejecución de condena, no solo en primera parte del proceso". Además, resaltó que se trata de una ciudad chica, en la que se conocen todos y viven a poca distancia.

Un tercer acusado (R.C.) también había sido condenado en el marco de la causa por el delito de abuso sexual simple, en carácter de delito continuado; pero por tratarse de un delito de menor gravedad, la fiscalía acordó la imposición de una pena de 1 año y 6 meses de cumplimiento condicional.