La reforma del Código Procesal Civil y Comercial en la provincia de Neuquén comenzó a girar la rueda de avances. Este martes por la mañana se reunieron el gobernador Omar Gutiérrez y el vice, Marcos Koopmann , con el presidente del Tribunal Superior de Justicia , Germán Busamia , para avanzar en el tema.
El actual Código tiene 46 años de vigencia, en los cuales hubo grandes cambios sociales y desde diversos sectores se ha planteado la necesidad de actualizar las normas. De hecho, la ley provincial 2971 –sancionada en 2015- establece los lineamientos y principios rectores para su reforma.
De acuerdo a la información que difundió el gobierno provincial, los ejes abordados en la reunión fueron: “Se planteó que la mayoría de los conflictos que llegan a estos fueros judiciales se pueden resolver en instancias de mediación, arbitraje u otras herramientas jurídicas para evitar el juicio. Pero, en caso de que no se podría llegar a un acuerdo entre las partes y hubiera deseado alcanzar esa instancia, procurar que el juicio no se extienda a lo largo del tiempo ”.
La intención, según explicaron durante el encuentro, es avanzar hacia un servicio de Justicia de mayor cercanía y que resulte más simple para la gente: para que, en esta reforma, la persona sea la centralidad y no el expediente que tramita ante la Justicia.
“Impulsando este proceso, la provincia ratifica su intención de trabajar para que la actualización se alcance en 2022-2023 y sea, nuevamente, de carácter pionero como ocurrió con la reforma del Código Procesal Penal, garantizando espacios de participación ciudadana e institucional para llegar a la construcción de instrumentos jurídicos de avanzada, que garanticen accesibilidad, rapidez y eficiencia; un código moderno, actualizado a los tiempos que corren, para los próximos 50 años”, sostuvieron desde el gobierno provincial.
En definitiva, se busca trabajar en procesos más simples, en una mayor accesibilidad y transparencia, para que la justicia llegue a tiempo y cumpla con su objetivo.
Durante el encuentro, realizado en la Residencia de la Costa, se destacó la necesidad de construir consensos y tener en cuenta todas las miradas que existen en torno a este tema. Por eso, se acordó que a partir de febrero del 2022 comiencen a disertar las distintas escuelas de derecho procesal en materia civil para que, con participación ciudadana y fortalecimiento de la sociedad, haya posibilidad de visibilizar las distintas opiniones: dando lugar a los tres poderes del Estado y también a la participación ciudadana.
También estaban de acuerdo con el funcionamiento de la comisión Interpoderes y adelantaron que los colegios profesionales podrán participar de la misma, al igual que las organizaciones civiles, casas de estudios, gremiales y culturales. Para ello se establecerá un cronograma de trabajo que incluir un plan con actividades.
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