La medida se dispuso tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que el jueves anuló los incrementos del servicio de gas para los usuarios residenciales, lo que dejó en vigencia el cuadro tarifario vigente hasta el 31 de marzo y bajo el cual las empresas deberán comenzar a refacturar los consumos registrados desde el 1° de abril.

El fallo tiene un impacto fiscal que, de acuerdo con distintas fuentes, podría alcanzar los 20 mil millones de pesos en materia de subsidios que no podrán ser cubiertos por el aumento de tarifas, y que el Gobierno anticipó que deberá cubrir con reasignaciones presupuestarias.

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