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Dos jueces y un fiscal rompieron la cuarentena por un asado: quieren pagar $20 mil de multa

Los funcionarios judiciales se reunieron con un abogado y un empresario el Día del Amigo y no cumplieron con la cuarentena por el coronavirus.

Aunque parezca insólito, a veces quienes rompen la cuarentena por el coronavirus para hacer reuniones sociales son los mismos funcionarios. Fue lo que ocurrió en La Pampa, con una asado o picada por el Día del Amigo que generó un escándalo, presiones judiciales y una propuesta de los implicados increíble: abonar una multa de 20 mil pesos y zafar de la investigación, sin admitir culpas.

El monto que los involucrados en la causa pretenden abonar al estado para cerrar la investigación debería ir al fondo solidario para atender los efectos de la pandemia de coronavirus, pero la indignación que generó la juntada, de la que participaron dos jueces, Miguel Vaggue y Pablo Balaguer, un fiscal Guillermo Sancho, un abogado, Marcelo Molín y el empresario ganadero Carlos Ruiz, todavía tiene varios capítulos por delante.

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Los cinco ofrecieron abonar 20 mil pesos cada uno en concepto de multa como reparación para que la Justicia cierre la investigación en la que aparecen acusados de haber violado la cuarentena el 20 de julio, Día del Amigo, cuando decidieron hacer una reunión (algunos hablan de una picada y otros aseguran que fue un asado) en un domicilio particular de Santa Rosa.

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Ese día, sabiendo que podían haber reuniones, el gobierno local solo las había autorizado hasta las 20. Según la denuncia, que hizo el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, el encuentro se habría extendido más allá de ese horario. Este lunes, cinco de los involucrados -tres funcionarios judiciales- hicieron una presentación para cerrar el caso sin investigación a través del pago de un multa.

Una fuente de la causa le confirmó a El Diario de La Pampa que ofrecieron pagar 20 mil pesos cada uno, pero también pusieron a disposición de la Justicia el monto que considere pertinente por violar la cuarentena para evitar contagios de coronavirus.

El fiscal del caso, Andrés Torino, debería decidir si acepta o no la polémica propuesta. Antes pedirá la opinión del estado provincial -que actúa como querellante-, aunque no es vinculante, para definir si con esa irrisoria suma los involucrados dejan atrás el escándalo.

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