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El Comité contra la Tortura rechazó la "ley Gerez"

El organismo se manifestó en contra de la ley que extiende la prisión preventiva. Sostuvo que la ley afecta los derechos humanos.

Tras la aprobación de la ley que extiende los plazos de prisión preventiva por nueve meses a todos aquellos acusados que no hayan podido atravesar la instancia de juicio a raíz de la pandemia, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) expresó su preocupación ante lo que la misma supone. “De entrar dicha modificación en vigencia, se afectarían seriamente principios y derechos”, sostuvieron.

En un comunicado dado a conocer el jueves, los miembros del CNPT manifestaron su rechazo a la ley que sólo resta tratarse en particular para entrar en vigencia. La misma fue aprobada la semana pasada en el recinto de la Legislatura, con 22 votos a favor de los diputados.

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A pesar de que el proyecto original sugería extender el plazo límite de la cautelar según lo estipulado por el Código Procesal Penal de Neuquén a un año -con lo cual su duración sería de un máximo de 2 años, y de 2 años y tres meses para casos complejos-, finalmente el debate entre los legisladores llegó a un consenso en su reducción por tres meses, y así recibió la aprobación por mayoría.

“Dicha modificación contradice las recomendaciones efectuadas por este organismo – en consonancia con lo sostenido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) – en donde se remarcó la necesidad de adoptar medidas tendientes a reducir la población privada de su libertad, como forma de resguardar su salud frente al grave riesgo que implica la posibilidad de contagio intramuros”, resaltaron desde el CNPT en el comunicado.

Además, agregaron que va en contra del resguardo de los derechos del imputado, que según el principio de inocencia no es culpable por el delito del que se lo acuse hasta agotar las instancias de enjuiciamiento que lo declaren como tal.

“La libertad personal y los derechos de una persona acusada de la comisión de un delito debe ser resguardado con mayor celo en un procedimiento penal, dado el valor asignado por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos al debido proceso legal”, sostuvieron, y agregaron sobre el contexto pandémico que “la emergencia debe permitir revisar la necesidad de la detención cautelar, dado que dicha necesidad y proporcionalidad se pone en crisis por el riesgo latente que supone”.

Como varios diputados opinaron durante el tratamiento del proyecto, desde el CNPT también señalaron que una de las respuestas adecuadas desde la Justicia hubiera sido la realización de juicios con un estricto apego a protocolos sanitarios y otras medidas que procuraran “reducir la población en detención y evitar mayores restricciones que aquellas causadas por la propia pandemia”.

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