La Legislatura trató los cuatro proyectos sobre el control de consumo de drogas a funcionarios públicos

La Legislatura de Neuquén comenzó a tratar este jueves los cuatro proyectos que fueron presentados sobre el control de consumo de drogas a funcionarios de los tres poderes del estado provincial. Se hizo en el ámbito de la Comisión de Desarrollo Humano, al que asistieron los diputados autores de las iniciativas, y donde se acordó para la semana que viene la elaboración de un solo proyecto y la convocatoria a especialistas en la materia para su redacción final.

Tal como adelantó LMNeuquén, existe consenso en avanzar sobre el tema a partir de que esto fue promovido por la mayoría de los bloques políticos de la Cámara, con el criterio de que el proyecto final sea lo más abarcativo y riguroso posible en cuanto a procedimientos, evaluación, perioricidad y obligatoriedad en la realización de los test.

Además, fue algo que el propio gobernador Rolando Figueroa puso sobre la mesa cuando asistió a la Legislatura el 1 de marzo para dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias.

Uno de los proyectos de ley que se presentó es el de los diputados Francisco Lepore (Avanzar) y Claudio Domínguez (MPN), donde el artículo primero de esta iniciativa fija la obligación de someterse a exámenes toxicológicos a el gobernador, vice, jefe de gabinete, ministros y demás funcionarios del Ministerio de Seguridad, además de legisladores provinciales y funcionarios del Poder Legislativo.

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También a Jueces, fiscales y auxiliares que presten servicios en áreas relacionadas con la lucha contra el narcotráfico y narcomenudeo, personal de la Policía provincial y del servicio penitenciario, y a los Intendentes y concejales de los municipios que adhieran a la norma.

El proyecto establece, entre otros aspectos, que los exámenes se realizarán con el fin de detectar “la presencia de sustancias prohibidas conforme al Decreto nacional 299/2010 o normativa que lo remplace, asegurando la idoneidad y responsabilidad de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones”.

¿Cómo serán los test?

Se deberán respetar los “principios de confidencialidad, privacidad, proporcionalidad y no discriminación. La detección de sustancias prohibidas no implicará la cesantía automática, sino que dará lugar a un procedimiento administrativo que evalúe la situación, considerando si se trata de un consumo ocasional, dependencia o uso médico justificado”.

El resultado del test será confidencial y solo podrá ser conocido por la autoridad de aplicación (el Ministerio de Salud) y el funcionario involucrado, salvo que este decida hacerlo público.

A su vez, bajo la órbita del ministerio, se propone crear una Comisión Evaluadora con carácter de organismo autónomo, integrada por un representante técnico especializado de cada poder del Estado.

Los controles se realizarán de forma obligatoria y aleatoria, con una periodicidad mínima de tres veces al año, en instituciones públicas de salud o en laboratorios autorizados. Las pruebas podrán incluir análisis de orina y/o sangre, rinoscopia cuando corresponda y otros estudios que determine la autoridad de aplicación de la ley.

El funcionario podrá solicitar una contraprueba en caso de duda sobre el resultado, debiendo realizarse en un laboratorio diferente al que efectuó la primera.

El proyecto de ley determina que negarse a realizar el examen será considerado “resultado positivo de manera automática, y habilitará un procedimiento administrativo para determinar las razones de la negativa y su eventual impacto en la función pública”.

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Claudio Espinoza

Los otros proyectos

El primero de los proyectos sobre el tema lo había presentado en octubre del año pasado el empresario de medios Carlos Eguia, el cual, a grandes rasgos, preveía obligar a los funcionarios y funcionarias a realizarse pruebas toxicológicas una vez por año, a fin de garantizar “idoneidad, integridad física, psicológica e intelectual” en sus funciones públicas.

La medida propuesta alcanza al gobernador y vice, diputados, intendentes, presidentes de comisiones vecinales y concejales.

Entre las sustancias prohibidas figuran el alcohol, cannabis, cocaína, fentanilo, alucinógenos, heroína, ketamina y aquellas sustancias psicoactivas que actúan sobre el sistema nervioso, a excepción de aquellos casos de fármacos que hayan sido recetados por profesionales de la salud.

El segundo proyecto lo presentó en marzo el diputado del PRO, Marcelo Bermúdez, junto a sus pares Mercedes Tulian y Damián Canuto, y que, al igual que el de Lepore y Domínguez, establece la realización obligatoria de controles toxicológicos, periódicos y aleatorios, a funcionarios y funcionarias públicas de los tres poderes del Estado.

Y en la misma línea, una tercera iniciativa de ley la formuló el bloque de Unión por la Patria (UXP), con la diferencia de que los controles, en este caso, se proponen aplicar una vez al año.