Obras Públicas: un certificado de defunción y las citas con Yuyito González

El gobierno de Javier Milei parece haber expedido ya el certificado de defunción a la secretaría de Obras Públicas (y a las obras públicas), actualmente una cartera fantasma, que pasó de manejar, en anteriores Ejecutivos nacionales, los presupuestos más importantes a tener una participación casi testimonial. O ni siquiera eso.

Así quedó demostrado por quien ocupa esa cartera, Luis Enrique Giovine, ex funcionario en Córdoba del ex gobernador Ricardo Schiaretti, quien sigue jugando a las escondidas en la Cámara de Diputados donde se impulsa la creación de un Observatorio de Obra Pública que, en efecto, busca constatar un panorama que las provincias tienen bastante claro con el desentendimiento de Nación en esta materia.

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Luis Giovine, secretario de Obras Públicas de la Nación.

Archivo LMN.

Los diputados de la comisión de Obras Públicas, donde se trabaja el proyecto, jocosamente hablaron de ir a ver a Giovine al programa de Yuyito González, pareja presidencial, donde, dicen, “se hacen las reuniones de gabinete”.

Difícilmente Giovine tenga lugar cercano a la novia de Milei, igualmente su eventual escondite parece bien resguardado. Los legisladores solamente quieren saber, oficialmente, que la obra pública, en efecto, ha pasado a ser historia. Pero que lo diga.

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Yuyito González y Javier Milei.

NA.

La legisladora mendocina, Liliana Paponet describió en el Congreso que actualmente en el Gobierno nacional “hay 2.731 obras, de las cuales 1.094 hoy están paralizadas; 914 pasaron a la esfera provincial, con determinados convenios, que han firmado en la Casa Rosada; 347 están reprogramadas, sin fecha estipulada y 376 obras de infraestructura tiene la Nación hoy, de 2.700 de las cuales prácticamente ninguna está reactivada”.

En la comisión de Obras Públicas también estuvo el peronista neuquino, Pablo Todero, pese a que no pertenece a la misma. En la ocasión, dijo que había ido a consultar por el futuro de la obra de circunvalación de Villa La Angostura que, de terminarse, dejará a la localidad liberada de camiones chilenos de gran porte circulando peligrosamente por el centro urbano. El legislador señaló que la obra tiene un avance de más del 80 por ciento, pero que el Estado nacional también se desentendió del asunto.

El impacto del cese de la obra pública no solamente fue un castigo a las administraciones provinciales que no socorrieron a Milei en las votaciones para sostener vetos a leyes importantes, como los haberes jubilatorios y el financiamiento a las universidades nacionales, sino también al sector privado.

Este jueves, el INDEC difundió las cifras del impacto del ajuste en la industria de la construcción. En septiembre, el Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) arrojó un derrumbe del 24,8% respecto de igual mes de 2023. El acumulado de los nueve meses de 2024 del índice serie original presenta una disminución de 29,5% con relación a igual período de 2023, pese a que, con relación a agosto, se produjo una leve mejora del 2,4%.

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Otro indicador preocupante es el que reveló este viernes el Centro de Economía Política (CEPA): de los 138.785 puestos de trabajos perdidos en el sector privado entre noviembre de 2023 y agosto de este año, un total de 66.008 (47,6%) son del sector de la construcción, en el marco de la paralización de la obra pública.

En la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación se advirtió del impacto de fenómenos climáticos extraordinarios como el que afectó trágicamente días atrás a la Comunidad Valenciana en España y qué sucedería en caso de un evento de este tipo en el país sin obras públicas estratégicas como puentes, desagües pluvioaluvionales, etcétera. Tal vez resulte una hipótesis tremendista, pero la comparación les cayó como anillo al dedo.

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Reunión de la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación, el miércoles 5 de noviembre.

Cámara de Diputados de la Nación.

El gobierno nacional reiteradamente habló de los “curros” y de los supuestos casos de corrupción entre el Estado y las empresas en la adjudicación de obras públicas, sin embargo, no ha acudido a la Justicia para esclarecer tales sospechas. Tal vez hubiese sido un argumento más razonable para una medida tan extrema como atrasar el desarrollo de la infraestructura en un país que aspira a ser competitivo.