Una sucesión no dejó conforme a la Defensoría del Niño y un adolescente tendrá una nueva oportunidad
El menor neuquino es heredero y desde la Defensa Pública se advirtió que en determinados tramos de un proceso no pudo ejercer sus derechos. Frente a esa situación, elevaron un reclamo.
Un adolescente neuquino accederá a otra oportunidad en el marco de una sucesión donde habría resultado perjudicado porque tuvo una representación recortada en momentos claves como una rendición de cuentas realizada por su mamá. Así lo entendieron los integrantes de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones, que declararon la nulidad de las actuaciones y ordenaron el inicio de un nuevo proceso sucesorio.
La decisión de los camaristas tiene relación directa con un reclamo de la Defensoría del Niño. Hizo lugar a los planteos vinculados con la protección de los derechos del adolescente, heredero en una sucesión, y dejó sin efecto las actuaciones relacionadas con la rendición de cuentas de los bienes. Advirtió que existía un conflicto de intereses con su madre, quien había administrado el patrimonio, y que el menor no contaba con una representación adecuada.
La Sala IV de la Cámara de Apelaciones declaró la nulidad de las actuaciones realizadas en un proceso sucesorio a partir de la presentación de una rendición de cuentas, al advertir que no se había garantizado una intervención adecuada de la Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescente ni una representación independiente para uno de los herederos, de 17 años.
La decisión se apoyó en los planteos formulados por la defensora del Niño y Adolescente Natalia Stornini, quien señaló deficiencias en el trámite judicial y en la protección de los derechos del menor. La Cámara consideró que las irregularidades comprometían sus intereses y que no podían corregirse sin dejar sin efecto lo actuado.
El expediente se originó a partir de una sucesión en la que el adolescente fue declarado heredero junto con sus hermanos. En ese marco, se discutía la rendición de cuentas de los bienes que había administrado su madre, quien pretendía que se reconocieran los gastos realizados y los ingresos percibidos por alquileres de distintos departamentos.
Sin participación en una rendición de cuentas
La jueza Cecilia Pamphile advirtió que, si bien la Defensoría había asumido una intervención complementaria, no se le había dado participación frente a la rendición de cuentas presentada en marzo de 2025, antes de que se dictara la resolución que aprobó parte de esos movimientos.
La omisión adquiría especial relevancia porque el adolescente tenía un interés propio en el resultado de esa rendición, en su condición de heredero. La aprobación de los gastos y la eventual determinación de un saldo a favor de su madre podían reducir el patrimonio de la sucesión y afectar la parte que le correspondía.
Una representación independiente del menor
La Cámara advirtió que la madre no podía representar adecuadamente a su hijo en un trámite que tenía por objeto examinar su propia gestión como administradora de los bienes. Por eso, entendió que debía garantizarse una representación independiente que resguardara los intereses del adolescente.
El fallo desarrolla el alcance de la intervención de la Defensoría en los procesos que involucran a niñas, niños y adolescentes. Señala que su participación no se limita a controlar la actuación de los representantes legales, sino que debe ser oportuna y efectiva en todas las etapas en las que puedan verse comprometidos sus derechos. Sostiene que esa intervención permite resguardar garantías como la defensa en juicio, el debido proceso, el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y el derecho a ser oído.
Argumentos para la declaración de nulidad
Los camaristas consideraron que una intervención adecuada de la Defensoría frente a la rendición de cuentas podría haber permitido advertir las deficiencias que luego fueron señaladas en su dictamen. La falta de esa participación, sumada al conflicto de intereses y a la ausencia de una representación apropiada, justificó la nulidad.
La Cámara también tuvo en cuenta la edad del adolescente y su autonomía progresiva: indicó que el juzgado deberá evaluar si cuenta con madurez suficiente para intervenir por sí mismo, con asistencia letrada, o si corresponde designarle un tutor especial que represente sus intereses.
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