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Escándalo con los piqueteros: castigos, cobros y comedores inexistentes en las organizaciones sociales

Una investigación reveló irregularidades en la gestión de los fondos del Plan Nacional Argentina contra el Hambre.

El ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, presentó una nueva denuncia penal tras detectar graves irregularidades en el "Plan Nacional Argentina contra el Hambre", cuya auditoría reveló que el 50% de los comedores registrados eran inexistentes, y uno de ellos, el comedor "Gauchito Gil", estaba registrado en la dirección de un barrio privado. Además, se detectó una trama de castigos y cobros de los líderes piqueteros de las organizaciones sociales a los beneficiarios.

La investigación comenzó en diciembre pasado, cuando se anunció la primera marcha contra el gobierno de Javier Milei, y fue la línea 134, que se lanzó para recibir denuncias, la que sirvió como puntapié para descubrir una oscura trama de negocios.

En total, hubo 13.310 llamadas, de las cuales pudieron atenderse 2720 y 924 se transformaron en denuncias. De este número, 45 casos fueron denunciados en la ciudad de Buenos Aires y sobre ellos se centró la investigación del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita.

La denuncia, radicada en los tribunales de Comodoro Py, apunta a posibles incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos, contra los responsables del programa.

Los comedores truchos

Según los primeros datos de la investigación, hubo irregularidades en los fondos del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, creado en 2020 y que tenía como objetivo garantizar el acceso a alimentos y servicios para merenderos y comedores comunitarios.

El plan, originalmente bajo la gestión del Ministerio de Desarrollo Social, incluía un proceso de validación en tres etapas: preinscripción, validación y matriculación. La matriculación, con una vigencia de dos años, requería revalidación para continuar recibiendo beneficios.

Al asumir su cargo, Pettovello ordenó una auditoría exhaustiva que puso en evidencia la falta de controles por parte de la administración anterior. Según el informe del RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil), los comedores gestionaban alimentos por miles de millones de pesos provenientes de diversos programas sociales, pero muchos de estos comedores eran ficticios.

El 47.7% de los comedores no fueron encontrados, uno se ubicaba supuestamente en un barrio privado y otro en una dirección que no existe

El caso del comedor "Gauchito Gil" es especialmente llamativo, ya que está registrado en la dirección de un barrio privado y nunca existió efectivamente. Otro ejemplo es el comedor "Sol de Barrio", cuya dirección no pudo ser localizada, y los vecinos confirmaron que allí nunca funcionó un comedor.

La auditoría encontró que el 47.7% de los comedores no pudieron ser relevados por varias razones, incluyendo direcciones inexistentes y comedores que nunca operaron en las ubicaciones declaradas. Estas irregularidades indican una falta de control y supervisión, permitiendo que se registraran comedores inexistentes que recibían fondos del Estado.

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Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

Ante estos hallazgos, el Ministerio de Capital Humano ha tomado medidas para corregir las fallas del sistema y evitar futuros fraudes. La denuncia penal busca que se investiguen a fondo estas irregularidades y se determinen las responsabilidades correspondientes. Este escándalo pone en evidencia la necesidad de una mayor transparencia y control en los programas sociales para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan.

Chats, castigos y denuncias contra piqueteros

Otras de las aristas de las denuncias recibidas es un sistema de premios y castigos que los responsables de la entrega de los planes, los líderes piqueteros de diferentes organizaciones, implementaban un sistema de premios y castigos contra las personas que asistían a las marchas o no lo hacían.

A través de allanamientos y escuchas telefónicas se descubrió al menos tres grupos de personas relacionadas con la gestión del Plan Potenciar Trabajo: los beneficiarios del plan, los que se dedicaban sistemáticamente a exigirles dinero a esas personas vulnerables, a quienes les reclamaban “cápitas”, “cuotas” o “alquiler de comedor”, y los cobraban por la entrega de alimentos que recibían gratis del Gobierno.

Así se encontró que se forzaba a algunos beneficiarios a participar de “movilizaciones” de las agrupaciones políticas, a repartir volantes de los candidatos, bajo amenaza de que, en caso de no cumplir, se les daría de baja de la prestación social o se les negarían los alimentos y la mercadería.

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De acuerdo a la investigación, los líderes castigaban con descuentos o quitas de beneficios, como comida, a aquellas personas que no acudían a las movilización, sin importar la razón de la ausencia. Además, se reveló que se obligaba a algunas personas a vender la comida recibida del Estado, quedándose los acusados con la ganancia.

Los imputados, de quien el fiscal pidió la indagatoria, son Jeremías Cantero, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.

Qué dijo el Polo Obrero

El referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, dijo que "no puedo negar que haya algún caso de alguna persona que haya hecho eso, puede haber gente que tenga características de amenazar gente”.

El líder piquetero criticó los allanamientos por considerarlos ilegales. "Vamos a cuestionarlos. Fueron en la noche, no se pueden hacer, vamos a impugnarlos. Uno fue en el local central del Partido Obrero, de madrugada. Rompieron el portón, apagaron la luz y las cámaras de seguridad”, agregó.

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Eduardo Belliboni líder del Polo Obrero.

Eduardo Belliboni líder del Polo Obrero.

Además, Belliboni dijo que “hubo casi 10 mil llamadas a un número puesto a tal efecto”, en relación a la línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad para que beneficiarios de planes sociales puedan denunciar amenazas por parte de los dirigentes piqueteros, y criticó: “Después confirmaron la denuncia de 45 personas, y solo 12 la ratificaron ante la Justicia”.

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