Un informe del Ministerio de Salud reveló presuntas irregularidades realizadas durante 2025. Las sospechas también alcanzan a funcionarios y proveedores.
La Justicia investiga presuntas irregularidades en compras realizadas por Andis durante 2025 tras detectar fuertes diferencias de precios.
Un informe interno del Ministerio de Salud encendió una fuerte alarma dentro del Gobierno Nacional tras detectar irregularidades millonarias en compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante 2025.
El documento, que ya forma parte de una causa judicial en trámite, expone diferencias extraordinarias entre los precios pagados por distintos insumos médicos y los valores de referencia del mercado.
La investigación apunta a adquisiciones de sillas de ruedas, andadores, prótesis y equipamiento médico que habrían sido comprados con sobreprecios de entre el 300% y el 2.000%, aunque algunos casos relevados superan incluso esa cifra.
Uno de los ejemplos más impactantes mencionados en el expediente muestra una diferencia del 4.239%en la compra de un andador respecto de un producto equivalente disponible en el mercado.
Las sospechas también alcanzan a funcionarios y proveedores privados vinculados con las operaciones investigadas.
Sillas de ruedas, prótesis y facturas bajo sospecha
El relevamiento fue elaborado por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y lleva fecha del 10 de abril. Según fuentes oficiales, el informe reúne “hallazgos preliminares” detectados durante auditorías internas realizadas sobre contrataciones efectuadas por ANDIS.
En total, el documento analiza 37 facturas emitidas por seis empresas proveedoras que recibieron pagos por aproximadamente $18.100 millones.
Entre las firmas señaladas aparece Farma Salud, que concentró alrededor de $7.900 millones en operaciones. Su socio mayoritario, Osmar Mariano Caballi, ya fue citado a declaración indagatoria. También figuran otras compañías como Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Imnova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat.
Los investigadores detectaron múltiples casos donde los montos abonados por ANDIS resultaban muy superiores a los valores de referencia utilizados por otros organismos públicos o por el mercado privado.
Uno de los ejemplos mencionados en el expediente involucra una silla de ruedas facturada por cerca de $19 millones, cuando el valor estimado del producto rondaría apenas $1,27 millones. Otro caso que llamó especialmente la atención de los auditores fue la compra de un sistema de válvulas bicaval transcatéter.
Según el informe, ANDIS pagó $425 millones por ese insumo en julio de 2025, mientras que el PAMI había adquirido el mismo producto en marzo por $124,2 millones, una diferencia cercana al 242%.
Sospechas sobre proveedores y contrataciones
El documento también advierte sobre posibles vínculos societarios y familiares entre algunas de las empresas proveedoras involucradas en las operaciones. Para los investigadores, esas relaciones podrían haber afectado principios básicos de competencia y razonabilidad en el manejo del gasto público.
La causa además analiza el funcionamiento del sistema Siipfis, utilizado para agilizar contrataciones estatales. Según la hipótesis impulsada por la fiscalía, ese mecanismo habría sido manipulado para restringir la competencia real entre oferentes, mediante procesos presuntamente direccionados.
La sospecha apunta a que determinadas empresas ya habrían sido seleccionadas previamente antes de cada contratación, simulando luego procedimientos competitivos formales.
El fiscal Guillermo Picardi sostuvo que el sistema habría servido para favorecer a ciertos proveedores “de manera ilícita y coordinada”.
La Justicia investiga un presunto fraude millonario
La causa judicial actualmente investiga un posible esquema de fraude millonario dentro de ANDISy ya incluye a decenas de imputados.
Entre ellos aparece Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, aunque su defensa sostiene que no existen pruebas concretas que lo vinculen directamente con las maniobras bajo análisis.
En total, la Justicia citó a indagatoria a 49 personas, entre funcionarios públicos, empresarios y operadores relacionados con las contrataciones investigadas.
Los próximos pasos del expediente incluyen nuevas declaraciones, análisis de documentación contable y distintos peritajes técnicos.
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