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La Mañana CGT

Tras las multas millonarias por el paro, la CGT las repudió y calificó como "una provocación"

Desde el Ministerio de Defensa de la Nación intimaron a los gremios por 96 millones de pesos por el costo operativo de las medidas de diciembre.

No sólo ATE y Camioneros repudiaron las notificaciones efectuadas este jueves por el Ministerio de Seguridad para que realicen un pago solidario por el paro de diciembre. También la CGT salió al cruce de las intimidaciones por el ministerio que encabeza Patricia Bullrich.

Se los intimó, desde el ministerio de Patricia Bullrich, al igual que a otros sindicatos y organizaciones sociales, a pagar una millonaria suma por el costo del operativo durante la marcha que la central hizo el 27 de diciembre. Respondieron que "El Gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado".

A través de un comunicado de prensa, señalaron que se trata de “una nueva provocación del Poder Ejecutivo en sus intentos de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados, en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país".

Desde la entidad de la calle Azopardo subrayaron que el gobierno no condicionará al movimiento obrero organizado, “esta afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional, que expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento ante el menosprecio de normas laborales individuales y colectivas inspiradas en la justicia social.

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También sostuvieron que en una sociedad democrática y conforme a la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga.

Por su parte, la CTA Autónoma también emitió un comunicado para rechazar el intento de cobro del operativo de seguridad por las cifras de $56.760.282 y $40.419.227 al haber participado de las movilizaciones realizadas los días 22 y 27 de diciembre, respectivamente.

"Estas penas (supuestos "pagos solidarios"), son actos de persecución e intimidación por parte del gobierno de Javier Milei, queriendo sostener una norma que es claramente inconstitucional y que, además, quiere atribuirnos un delito que de ninguna manera hemos cometido. Las y los trabajadores ejercemos nuestro derecho constitucional a la protesta", se quejó la central que lidera Hugo "Cachorro" Godoy.

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