"Estoy expuesta como Azul": el desgarrador testimonio de una compañera en el juicio por el transfemicidio
Una trabajadora trans declaró en la cuarta audiencia y reveló que su sueldo estatal no le alcanza para dejar la calle. También declaró Lorena Barabini, secretaria de Mujeres y Diversidad de la provincia de Neuquén.
En la cuarta jornada del juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko, una mujer trans y trabajadora sexual declaró ante el jurado popular bajo estrictas medidas para preservar su identidad. La testigo pidió protección por temor a posibles represalias y prestó declaración sin la presencia de público ni prensa, mientras el acusado, Roberto Daniel Sánchez, permaneció en otra sala.
Su testimonio fue solicitado por la Fiscalía, con adhesión de la querella, y estuvo atravesado por una idea que repitió durante varias horas: tener un trabajo formal no le alcanzó para abandonar la calle. Dijo que desde hace años trabaja para el Estado, pero que nunca logró acceder a un ingreso que le permitiera dejar el trabajo sexual.
“Estoy expuesta todas las noches como estuvo la compañera Azul”, expresó.
La mujer contó que conoció a Azul Semeñenko años atrás, en actividades políticas en las que ambas participaban, y que posteriormente compartieron encuentros y también noches de trabajo sexual.
Según relató, Azul recurría a la calle cuando necesitaba dinero. “No era una chica que tenía plata y salía porque sí”, explicó. La describió como una persona tranquila, afectuosa y sin comportamientos violentos.
El testimonio de una funcionaria: "Les estamos pidiendo más de lo que el propio Estado pone"
Previamente, el jurado popular escuchó el testimonio de Lorena Barabini, secretaria de Mujeres y Diversidad de la provincia de Neuquén, quien describió las condiciones de discriminación que atraviesan las mujeres trans y explicó por qué algunas de ellas tuvieron temor de presentarse a declarar en el debate.
Su testimonio adquirió especial relevancia porque estuvo atravesado por una tensión: mientras desde el Estado se les pide a las mujeres trans que participen del proceso judicial y colaboren con la Justicia, la propia funcionaria reconoció que ese pedido puede significar para ellas una nueva exposición.
Baralini explicó que desde la Secretaría trabajan en asistencia a víctimas de violencia por motivos de género, promoción de derechos, capacitación y acompañamiento de trayectorias que permitan alcanzar autonomía.
Durante su declaración también se refirió al complejo habitacional Costa Limay, construido en 2020 por el Estado provincial para garantizar condiciones de habitabilidad a mujeres trans adultas. Desde marzo de este año, la gestión del complejo quedó bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.
Pero el eje de su testimonio fue más amplio: explicó las condiciones históricas de discriminación que afectan al colectivo trans y cómo esas situaciones repercuten en el acceso a la educación, al trabajo, a la salud y en los proyectos de vida.
De la discriminación al trabajo sexual como estrategia de supervivencia
La funcionaria sostuvo que durante décadas las personas trans estuvieron sometidas a procesos de discriminación que limitaron sus posibilidades de construir trayectorias educativas y laborales.
Entre esas dificultades mencionó el acceso al trabajo formal y a la educación, y señaló que cuando esas posibilidades están vedadas se construyen trayectorias laborales marginales.
En ese contexto ubicó uno de los estigmas que, según explicó, pesa sobre las mujeres trans: la asociación casi automática entre identidad de género y trabajo sexual.
Para Barabini, el trabajo sexual aparece en muchos casos como una herramienta de supervivencia frente a la falta de otras oportunidades y no puede analizarse por fuera de esa historia de exclusión.
La funcionaria planteó que recién en los últimos años comenzaron a desarrollarse procesos capaces de correr ese estigma y ampliar las posibilidades de las personas trans para construir otros proyectos de vida.
“Naturalizar” la violencia como una forma de sobrevivir
La parte más vinculada con el juicio apareció cuando Baralini explicó qué ocurrió al momento de convocar a mujeres trans vinculadas al complejo habitacional para que pudieran declarar.
La funcionaria aclaró que cuando ocurrió el transfemicidio de Azul todavía no estaba a cargo del complejo y que, por lo tanto, no podía describir cómo había impactado la noticia en ese momento.
Sí relató, en cambio, lo que ocurrió posteriormente cuando desde el Estado debieron intervenir para notificar a algunas mujeres sobre su eventual participación como testigos. Dijo que encontró resistencia a declarar en algunas de ellas y que esa reacción la llevó a intentar comprender las razones.
Según explicó, identificó dos elementos: la naturalización de la violencia y el temor. Barabini sostuvo que quienes han atravesado durante años situaciones de discriminación y violencia pueden llegar a incorporar esos hechos como parte de la vida cotidiana.
En ese sentido, explicó que incluso las situaciones de riesgo vinculadas al trabajo sexual pueden terminar siendo naturalizadas. No necesariamente porque no sean dolorosas o peligrosas, sino como una estrategia para poder continuar con la vida cotidiana.
“¿Cómo transito la vida permanentemente identificando el dolor?”, planteó durante su declaración. Para la funcionaria, esa naturalización puede convertirse en una estrategia de supervivencia.
El temor a las represalias
El segundo elemento que señaló fue el miedo. Ante preguntas de la querella, Barabini confirmó que algunas de las mujeres vinculadas al complejo habían manifestado temor a participar del juicio porque varias continúan ejerciendo el trabajo sexual y temían posibles represalias.
La funcionaria explicó que desde el Estado se les planteó la importancia de que pudieran presentarse como testigos, pero reconoció que el pedido implicaba una nueva exposición para mujeres que ya habían transitado buena parte de sus vidas en contextos de violencia y discriminación.
“Les estábamos pidiendo más de lo que el propio Estado pone”, sostuvo. La frase condensó una de las tensiones centrales de su declaración: el sistema judicial necesita testimonios para investigar un crimen, pero esas mismas personas pueden sentir que declarar las vuelve más vulnerables.
Por eso, planteó al jurado: “Hay que identificar la historia y conocer parte de los recorridos que estas mujeres han transitado para poder llegar hasta aquí”.
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