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La Mañana entrenador

Grave caso de abusos y extorsión: el entrenador de Unión Vecinal sumó cinco nuevas víctimas adolescentes

Con esta ampliación, ya son nueve los adolescentes damnificados. La Justicia declaró compleja la investigación y prorrogó la prisión preventiva del acusado hasta febrero de 2027, mientras avanza otra causa paralela por estafas.

La investigación judicial contra un entrenador de fútbol de Neuquén acusado de cometer diversos delitos contra la integridad sexual sumó un nuevo y grave capítulo luego de que el Ministerio Público Fiscal reformulara los cargos e incorporara a cinco nuevas víctimas al expediente. Con esta ampliación, ya son nueve los adolescentes incluidos en la causa que lleva adelante la asistente letrada Cecilia Sabatte quien, además, logró que el proceso sea declarado como una investigación compleja.

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la fiscalía, el imputado se valió del vínculo de confianza y autoridad que había construido tanto con los jóvenes jugadores como con sus familias a partir de su rol deportivo.

Los hechos denunciados habrían ocurrido en el marco de entrenamientos, viajes y distintos encuentros compartidos con los futbolistas. Entre las conductas atribuidas se encuentran la solicitud de imágenes íntimas a los menores a cambio de dinero -concretando incluso transferencias a sus cuentas-, tocamientos sin consentimiento, exhibiciones obscenas y la muestra de un video de contenido sexual.

Durante la audiencia, realizada el 18 de noviembre, Sabatte expuso -además- un episodio que ilustra la presión ejercida sobre los chicos: tras negarse a enviar fotografías íntimas, uno de los adolescentes comenzó a ser relegado al banco de suplentes o directamente excluido de las convocatorias para los partidos. Bajo este cuadro probatorio, la imputación abarca las figuras de grooming, abuso sexual simple agravado por la condición de educador y exhibición de material pornográfico, entre otras calificaciones legales.

La defensa del acusado pidió que le den prisión domiciliaria

La causa se había iniciado en marzo de este año con una primera formulación de cargos por el testimonio de un adolescente, sumando otras tres víctimas el 31 de ese mismo mes, hasta alcanzar las nueve actuales. Ante la magnitud del expediente, la fiscalía, con la adhesión de la Defensoría de los Derechos de Niñez y Adolescencia en representación de los damnificado, pidió unificar los plazos procesales y extender la detención preventiva del acusado, quien permanece tras las rejas desde el inicio del proceso.

Si bien la defensa del entrenador no objetó la ampliación de los cargos, solicitó que se le otorgara el beneficio del arresto domiciliario. Sin embargo, el juez Luciano Hermosilla rechazó ese planteo, hizo lugar a los requerimientos de la parte acusadora, declaró la causa compleja y prorrogó la prisión preventiva por tres meses, fijando como fecha límite de investigación el 19 de febrero de 2027.

No es la única causa por la cual se lo investiga

El acusado, identificado como D.E.M., se desempeñaba como integrante del cuerpo deportivo del Club Unión Vecinal. Además, es abogado y también tiene denuncias por estafas.

En este sentido, desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que el hombre enfrenta otra investigación en la unidad fiscal de Delitos Económicos por las presuntas estafas mencionadas mediante la toma de créditos a nombre de terceros, maniobra que ya acumula 17 víctimas.

Esta causa continúa sumando testimonios y ampliando el universo de víctimas. A las cinco denuncias iniciales que daban cuenta de un perjuicio superior a los 430 millones de pesos, en julio se incorporó el de una joven estudiante de Abogacía que trabajó durante cuatro años junto al imputado en el estudio jurídico.

Según denunció su familia, el acusado habría utilizado sus datos personales para gestionar créditos sin autorización, dejándola con una deuda que asciende a 77 millones de pesos.

Su padre aseguró en ese momento que la maniobra era similar a la denunciada por el resto de las víctimas: utilización de documentación personal, recibos de sueldo adulterados, firmas digitales falsas y correos electrónicos creados a nombre de los damnificados para obtener préstamos bancarios.

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