Será juzgado por raptar y abusar de un joven con discapacidad

Este lunes se resolvió que un hombre enfrente un juicio por raptar y abusar sexualmente de un joven, hecho ocurrido en 2019 y que tienen a una víctima vulnerable. Se trata de un joven con discapacidad quien declaró que fue engañado y abusado. La defensa intentó lograr un sobreseimiento que le fue negado.

En una audiencia de control de acusación, la jueza Carolina García elevó la causa a juicio contra un hombre por los delitos de rapto y abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real y en calidad de autor. Teniendo en cuenta que la expectativa de pena es superior a los 3 años de prisión efectiva, el hombre será juzgado por un tribunal colegiado.

El abogado defensor particular, Michel Richsmann, solicitó que el acusado sea sobreseído por entender que no había delito, sino un acto sexual consentido. Además, cuestionó que la denuncia la hubiera hecho la madre del joven, siendo que es mayor de edad. Sin embargo, la jueza le denegó la petición y aclaró que la madre es la representante legal del joven.

La fiscal Lucrecia Sola y la asistente letrada Cecilia Sabatte detallaron los hechos en cuestión por los que será juzgado el acusado. Según la teoría del caso que buscará probar el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 2 de febrero de 2019 entre el mediodía y la tarde. Ese día, el acusado interceptó a la víctima en cercanías a la terminal de ónmibus de Cipolletti y "mediando engaños y aprovechando la vulnerabilidad del joven, que tiene una discapacidad, lo convenció de subir a su camioneta y lo trasladó hasta el Paseo de la Costa en Neuquén".

Una vez allí, lo abusó sexualmente y tras ello, condujo nuevamente hasta la localidad rionegrina, donde dejó a la víctima y se dio a la fuga.

Entre las pruebas que mencionó la fiscalía y que ha reunido en este tiempo, se cuenta con la Cámara Gesell a la víctima, en la cual contó que había sido engañado y también se cuenta con las cámaras de seguridad que captaron al acusado en su recorrido ida y vuelta.

Desde el día de la formulación de cargos, en noviembre de 2022, se le impuso al acusado una prohibición de acercamiento hacia la víctima y su grupo familiar de 100 metros y 500 metros al domicilio de la víctima.