Finalmente, un grupo de amplio espectro político se reunió este lunes en la Legislatura para plantarse ante la decisión del gobierno de Alberto Fernández, de otorgar -en forma directa- el traspaso de las represas a ENARSA, cuyas concesiones vencen entre el 11 de agosto y el 29 diciembre.
La convocatoria había sido realizada por el diputado provincial por el Frente de Todos, Mariano Mansilla, que ahondó sobre el tema desde hace tiempo. Sobre todo para que después de 30 años de concesión as grupos multinacionales, en el gobierno de Carlos Menem, las hidroeléctricas vuelvan a las provincias.
Uno de los principales oradores fue Elías Sapag, presidente de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, que tiene un detalle pormenorizado de las concesiones. De hecho ese organismo, que representa a las provincias de Neuquén y Río Negro, se financia con una parte de los fondos de las hidroeléctricas y no con dinero directo del estado nacional.
Durante el encuentro, se redactó un comunicado de los distintos actores que participaron de la convocatoria, que nutrió a funcionarios del MPN, el PJ, de otros espacios y organizaciones gremiales
"Los presentes en el Encuentro en Defensa de las Hidroeléctricas del Comahue, convocados por la necesidad y urgencia que impone la defensa de nuestra integridad territorial y los principios que rigen el sistema federal que emerge de nuestra organización constitucional nacional, afirmamos: La propiedad de la Provincia del Neuquén de sus fuentes energéticas en los términos del artículo 95 de la Constitución Provincial", indicaron en el documento.
Y acotaron: "La necesidad de adecuar la administración de los aprovechamientos hidroeléctricos al régimen constitucional derivado de la Reforma Constitucional del año 1994 que finalmente reconoció en el art. 124, el dominio originario sobre los recursos naturales existentes en sus territorios"
Asimismo, los presentes en la convocatoria destacaron la concurrencia de trabajadores del sector energético, y sus organizaciones "considerando su presencia y protagonismo ineludible, en conjunto con las demás organizaciones sociales y de la sociedad civil".
El documento redactado dice textualmente:
Desconocemos por tanto, cualquier actuación administrativa del Estado Nacional que se adopte sin participación de las representaciones políticas y técnicas de los estados provinciales que deberán tener asegurado un mecanismo de participación en el proceso de cierre de los contratos de concesión otorgados sobre los aprovechamientos hidroeléctricos emplazados en los ríos de la región del Comahue, sin intervención de las autoridades provinciales.
La necesidad de adecuar el régimen eléctrico vigente y establecido en las leyes nacionales 15336 y 24065 a la nueva realidad energética nacional e internacional, que actualice la concepción sobre la importancia de la administración del recurso vital, que tenga como prioridades la defensa del uso para el consumo humano, la recreación, el riego y la producción de alimentos, la industria y la generación eléctrica.
El pueblo de Neuquén reconoce el carácter de recurso compartido del Rio Limay con la provincia hermana de Rio Negro, con quien debemos trazar una estrategia conjunta para establecer una administración compartida de toda explotación económica del mismo. Y consideramos que se trata de un bien compartido entre jurisdicciones provinciales donde, además, el Estado Nacional debe concurrir por la vigencia del concepto de Cuenca Hídrica.
Que el régimen de distribución de lo producido por la explotación de las fuentes hidroeléctricas debe hacer realidad lo prescripto en el art. 98 de la Constitución Provincial sobre destino de las utilidades, que favorezcan especialmente a los pueblos y municipios de las regiones donde se encuentran ubicadas los respectivos aprovechamientos.
El pueblo de Neuquén reivindica la conciencia de su rol en el concierto de las provincias argentinas, como proveedores de energía para los pueblos de nuestras provincias hermanas y no desconoce la importancia de la concurrencia del Estado Nacional para ordenar la política energética nacional en tanto, se trata de un interés que incumbe a todo el país.
Así pues, propiciamos la celebración de un acuerdo federal entre las provincias del Comahue y el Estado Nacional que tenga como misión reconocer la modificación operada en el terreno constitucional, sino, también una reforma en la normativa vigente que de nacimiento a una nueva política energética para la generación eléctrica, particularmente, mediante los grandes aprovechamientos hidroeléctricos.
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