El sistema de recetas médicas podría cambiar en Argentina: qué propone el Gobierno

El Gobierno nacional avanza en una modificación de la Ley de Ejercicio Legal de la Medicina que podría cambiar el sistema de recetas médicas en la Argentina. La propuesta busca restringir que cualquier profesional pueda indicar cualquier tratamiento o medicamento, especialmente en casos vinculados con terapias de alto costo.

La iniciativa fue anticipada por el ministro de Salud, Mario Lugones, durante una jornada dedicada al análisis del sistema de mediación prejudicial en temas sanitarios. Allí participaron funcionarios, jueces federales, legisladores, representantes de obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Según explicó el funcionario, el objetivo consiste en reforzar controles dentro del sistema de salud y vincular las prescripciones con especialistas específicos de cada patología.

El anuncio apareció en medio de un fuerte debate por el gasto en medicamentos de alto precio, el aumento de amparos judiciales y la presión financiera sobre obras sociales y prepagas.

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Mario Lugones

Qué cambios analiza el Gobierno para las recetas médicas

Actualmente, cualquier médico con matrícula habilitada puede prescribir distintos tratamientos y medicamentos, incluso fuera de su especialidad concreta. La idea del Ministerio de Salud apunta a modificar ese esquema y limitar las recetas según la especialización profesional y el ámbito de trabajo del médico.

Mario Lugones utilizó su propio caso como ejemplo. El ministro recordó que su especialidad es cardiología y sostuvo que, pese a llevar años sin ejercer ni certificar esa práctica, todavía podría recetar tratamientos cardiovasculares. Para el funcionario, esa situación resulta inapropiada y necesita una actualización normativa.

Desde el Ministerio aclararon que el proyecto todavía se encuentra bajo análisis y podría sufrir modificaciones antes de avanzar formalmente. La reforma buscaría modernizar una ley vigente desde 1967, previo a la aparición de nuevas tecnologías médicas, tratamientos complejos y sistemas digitales de salud.

En esa línea, la cartera sanitaria sostuvo que el cambio responde a una “nueva realidad social” y a la necesidad de mejorar la eficiencia operativa del sistema.

La preocupación por los medicamentos de alto costo y los amparos

Uno de los ejes centrales detrás de la reforma aparece vinculado al fuerte crecimiento de litigios judiciales relacionados con prestaciones médicas y cobertura de medicamentos. Durante la jornada organizada por el sistema PROMESA, jueces federales reconocieron que una enorme parte del trabajo diario en tribunales civiles y comerciales está vinculada con amparos de salud.

Según explicaron, muchos magistrados terminan fallando a favor de pacientes porque enfrentan situaciones urgentes y carecen de herramientas técnicas específicas para evaluar tratamientos complejos.

“Quiero dormir de noche tranquilo yo también. No quiero que se me muera un paciente en el escritorio”, afirmó el juez federal Alfredo Guzmán.

Otro de los funcionarios que participó del encuentro fue Claudio Stivelman, superintendente de Servicios de Salud. Allí advirtió que los medicamentos de alto costo ya consumen más del 40% del presupuesto sanitario. Además, sostuvo que el sistema actual obliga a cubrir prácticamente todo lo que indique un médico mediante recetas y prestaciones.

La ausencia de una agencia nacional con capacidad técnica para evaluar tecnologías sanitarias también apareció como uno de los problemas señalados durante el debate.

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El Gobierno analiza cambios en el sistema de recetas médicas para limitar ciertos tratamientos según la especialidad profesional.

Qué otros cambios analiza el Ministerio de Salud

El Gobierno también trabaja sobre otras reformas vinculadas al sistema sanitario. Entre ellas aparece la modificación del Programa Médico Obligatorio (PMO), que podría incluso cambiar de nombre.

A eso se suma la posible reactivación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias, una oficina técnica anunciada en 2025 que nunca terminó de implementarse. Según trascendió, podría funcionar dentro del ámbito de la ANMAT.

Otro de los temas debatidos durante la jornada fue el sistema PROMESA, creado para mediar conflictos de salud antes de que lleguen a la Justicia.

Hasta marzo de este año se realizaron 351 mediaciones, con acuerdos en cerca de la mitad de los casos. Cuando el Ministerio de Salud intervino como financiador, los acuerdos llegaron al 60%.

Actualmente, el mecanismo funciona de manera voluntaria, pero el oficialismo busca transformarlo en obligatorio mediante una ley del Congreso. El diputado nacional Manuel Quintar confirmó que La Libertad Avanza trabaja en un proyecto para avanzar en ese sentido.