Cecilia Torres Otarola, ex titular de Familia y también diputada provincial, pidió declarar y habló 1 hora 20. Qué dijo de las acusaciones. Y las penas que pedirá el fiscal.
Chubut: Cecilia Torres Otarola fue hallada culpable de siete hechos de corrupción.
Finalmente, los 7 imputados por el delito de fraude a la Administración Pública durante los meses en que Cecilia Torres Otarola fue ministra de Familia y también diputada provincial se presentaron a la audiencia y se dio inicio al fin al juicio oral por la causa conocida en Chubut como “Ñoquis Calientes”.
El comienzo del proceso se había pospuesto el 25 de noviembre por la increíble razón de que algunos de los acusados no se presentaron ante el tribunal. En una causa que tiene una larga historia y múltiples dilaciones, argumentaron que sus abogados —en algún caso recién contratados luego de un cambio— no habían tenido tiempo de preparar la defensa.
Ahora, todos estuvieron sentados en el banquillo y luego de los alegatos de apertura de la fiscalía y los patrocinantes de los imputados, la ex ministra pidió la palabra.
Durante 1 hora y 20 minutos de declaración, defendió su gestión y detalló qué funciones tuvo cada uno de los denunciados, que están sospechados —en algunos casos— de jamás haberse presentado a trabajar y —en otros— de malversación de fondos públicos.
Como había ocurrido anteriormente, hubo planteos de los defensores por el poco tiempo de preparación y, además, según consignó Diario Jornada, renunció en su representación el Defensor Público, al ser reemplazado por una abogada privada.
Torres Otarola habló antes de que se iniciaran las declaraciones de los primeros testigos y realizó un detallado resumen de su carrera política, y de sus decisiones cuando fue diputada provincial y ministra de Familia, con Mariano Arcioni como gobernador.
Luego de su extensa exposición, se pasó a un cuarto intermedio y en el reinicio del debate, la acusada siguió hablando, ahora respondiendo las preguntas de su defensor.
En la primera parte de su testimonio aseguró que ella fue denunciada por su ex, el contador Martín Sandoval, porque estando al frente del Ministerio, ella había descubierto que era responsable de manejos indebidos con becas.
También hizo alusión a cómo era su matrimonio con Sandoval, con hechos de violencia de parte de su exesposo y padre de sus hijos.
Un juicio postergado en Chubut
El juicio por la causa conocida como “Ñoquis Calientes”, en el que se juzga a siete exfuncionarios y empleados públicos de la provincia de Chubut, debía comenzar el lunes 25 de noviembre.
Sin embargo, a solicitud del fiscal Omar Rodríguez, se pasó a cuarto intermedio y la audiencia fue reprogramada debido a la ausencia de algunos de los imputados y sus defensores.
En una causa de larga data y muchas veces postergada, el fiscal Rodríguez prefirió aceptar el pedido de los defensores de una de las acusadas para evitar que ante esa circunstancia surjan futuros planteos de los defensores que generaran nuevas trabas al proceso judicial.
Lo que derivó en la suspensión de la audiencia fue un pedido de Jaquelina Rodera, una de las imputadas, de que el juicio no se iniciara. Fue porque ante la “pérdida de confianza” a sus defensores Francisco Romero y Romano Cominetti, los había reemplazado por la abogada Verónica Navarro.
“Hubo divergencias insalvables con mi anterior letrado respecto de su actuación y por haber perdido comunicación con el mismo tampoco he sido notificada de la citación a juicio ni por cédula ni por ningún otro medio, encontrándome en absoluto estado de indefensión”, afirmó la imputada, y pidió tiempo para que su nueva defensora conociera el expediente.
El tribunal que ahora juzgará a la ex ministra y los funcionarios y empleados está integrado por los jueces Carlos Richeri, José Luis Ennis y Marcela Pérez Bogado.
Las maniobras que describió el fiscal
En su relato de apertura, el fiscal Omar Rodríguez detalló las maniobras en las que participaron los imputados por la cual, la por entonces diputada provincial, les cobraba el 50% de sus haberes a personas que hizo nombrar en la planta política de la Legislatura, y por eso es acusada de tres hechos de concusión.
Además, cuando asumió en el Ministerio de Familia, se la acusa de cinco hechos de defraudación contra la Administración Pública, al hacer nombrar por decreto del Gobernador Arcioni a los imputados como funcionarios y posteriormente nunca concurrir ni brindar una contraprestación. Incluso, afirmó el fiscal, “ni siquiera firmaron su contrato, (la firma) fue falsificada”.
De acuerdo a lo que trascendió poco antes de la audiencia suspendida en noviembre, el fiscal pedirá tres años de prisión en suspenso para Rodera, más la inhabilitación especial por igual plazo.
Para Otarola, quien según la Fiscalía “resultó pieza central de la actividad delictiva investigada”, el pedido será de prisión efectiva e inhabilitación por cuatro años.
En tanto, se solicitaría la pena de dos años de prisión en suspenso para Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Branco Rodera Neira y Reto Trelles, y de tres para Silvana Cañumil.
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