El proyecto será tratado el 18 de diciembre en la Legislatura. Quiénes podrán pedirlo y quiénes no. Y cómo será la opción de retiro voluntario.
El gobierno de Chubut avanza con un proyecto de ley para reducir el gasto en salarios de empleados públicos de la provincia mediante dos mecanismos: un régimen de "Abstención del Débito Laboral" que permitirá a los agentes estatales dejar de trabajar y cobrar el 60% de su sueldo, y un sistema de retiro voluntario con indemnización.
La propuesta de la administración de Ignacio Torres será debatida en la Legislatura el próximo jueves 18 de diciembre, en la última sesión del año. Y alcanza a los agentes de planta permanente de la Administración Pública Provincial (centralizada y descentralizada) y de los Poderes Legislativo y Judicial.
Sin embargo, el proyecto establece un amplio listado de excepciones que dejan afuera a sectores considerados esenciale: el personal policial, docentes, médicos, enfermeros, quienes tengan título profesional, autoridades superiores y personal de gabinete, agentes sometidos a proceso penal o sumario administrativo, y aquellos que ya estén en condiciones de jubilarse.
También se excluye al personal contratado, mensualizado y jornalizado, así como a quienes, en caso de dejar de cumplir funciones, deban ser reemplazados en la tarea.
Cinco años en casa y con aportes plenos
Los empleados públicos que quieran acogerse a la abstención del débito laboral deberán presentar su solicitud dentro de los 30 días posteriores a la promulgación de la ley.
El proyecto estabnlece que serán los titulares del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo quienes decidirán si aceptan o rechazan cada petición, según las necesidades del servicio en el que se desempeñe el trabajador.
Los agentes cuya solicitud sea aprobada podrán permanecer hasta cinco años sin prestar servicios, percibiendo el 60% móvil de su remuneración. El aporte jubilatorio y de obra social, no obstante, se calculará sobre el 100% del haber, al igual que las contribuciones patronales.
Quienes adhieran deben estar muy convencidos: una vez tomada la decisión y aceptado el pedido, no podrán dar marcha atrás hasta que se cumpla el plazo establecido inicialmente, salvo que decidan jubilarse o renunciar el empleo por motivos personales.
Una vez transcurrido el período acoredado, el agente deberá reintegrarse automáticamente a su cargo, siendo su responsabilidad presentarse a trabajar desde el primer día posterior al vencimiento, en tiempo y forma.
El plazo máximo de cinco años se reducirá en casos donde los agentes cumplan antes los requisitos de edad y aportes para jubilarse. En esos supuestos, la abstención quedará limitada hasta que reúnan las condiciones para acceder al beneficio previsional.
Retiro voluntario: un salario por año trabajado
La segunda opción es el retiro voluntario, que implica la finalización total y definitiva de la relación laboral. Los agentes que elijan esta alternativa deberán comunicar su decisión al área de personal correspondiente.
La indemnización consistirá en un salario por cada año de antigüedad o fracción no inferior a seis meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual del último año. El acuerdo deberá ser homologado por la Secretaría de Trabajo de la provincia.
Una vez cobrada la indemnización, los agentes no podrán reclamar sumas adicionales ni otros derechos derivados del vínculo laboral extinto.
Las liquidaciones, tanto del retiro voluntario como de la abstención, solo podrán realizarse sobre el cargo base de cada agente. Será nula cualquier liquidación sobre un cargo subrogado, fuera de nivel o que no sea estrictamente el cargo base.
Los cargos de quienes renuncien tras adherirse a la abstención o acepten el retiro voluntario deberán darse de baja de manera definitiva y no podrán volver a ser ocupados. El proyecto declara nula cualquier disposición en contrario.
Condiciones e invitación a otros ámbitos del Estado
El proyecto es enfático: quienes se beneficien con cualquiera de los dos regímenes no podrán reingresar bajo ninguna circunstancia en dependencias del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial.
Por otra parte, la iniciativa estipula que no podrán acceder a ninguno de los dos beneficios quienes ya estén en condiciones de jubilarse, ya sea a través del Instituto de Seguridad Social y Seguros o de otra caja jubilatoria bajo reciprocidad.
La iniciativa invita a adherir a las medidas propuestas al Banco del Chubut, entidades autárquicas y autofinanciadas, sociedades del Estado, servicios de cuentas especiales y todo ente en el que el Estado provincial tenga participación total o mayoritaria del capital o en la toma de decisiones
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