Chubut: el error administrativo de hace más de medio siglo que le cuesta a la provincia $350.000 millones

Una serie de desaciertos administrativos que comenzaron hace más de cinco décadas terminó convirtiéndose en una bomba para las arcas de Chubut. Sucede que algo tan sencillo y elemental como la venta de un buque pesquero, en 1973, derivó en una condena judicial multimillonaria y para muchos impagable.

Conocido en los tribunales como "Caso Dos Reis", por el apellido del demandante, la causa que se extendió por décadas es una síntesis de los graves perjuicios que puede ocasionar la inoperancia y los desmanejos en el Estado.

Un simple error en la documentación para la transferencia de del barco "Perla del Chubut" hace más de medio siglo, se transformó en la demanda más grande perdida por la provincia en toda su historia.

La Justicia condenó a Chubut en 2013 a compensar a Manuel Orlando Dos Reis, el demandante que murió en 2016 sin ver cumplida la sentencia, mientras el monto seguía creciendo. Hoy, sus hijos y herederos universales siguen esperando para cobrar más de $350.000 millones.

Para dimensionar la cifra y el impacto que tiene para las arcas provinciales, el monto asignado en el presupuesto de 2025 al área de Infraestructura es menor: $346.000 millones.

Una serie de recursos de la Fiscalía de Estado, primero, y la Ley de Emergencia Económica y Financiera sancionada en 2018 y sucesivamente prorrogada, hasta ahora han sido el escudo de Chubut para evitar la ejecución de la sentencia.

El origen del problema

Todo comenzó durante el gobierno de facto de Jorge Alberto Costa, a principios de 1973. La Corporación de Fomento Rural (Corfo) convocó a licitación para vender el buque pesquero "Perla del Chubut", con el correspondiente permiso de pesca nacional "ilimitado e irrestricto".

Dos Reis ganó la licitación y firmó el boleto de compraventa. Pagó las cuotas puntualmente, pero pronto descubrió que el buque estaba flojo de papeles: la provincia nunca tuvo le pudo transferir la titularidad registral que le había vendido.

Durante algunos años, Dos Reis logró explotar la embarcación de manera precaria. Sin embargo, en enero de 1978, el Registro Nacional de Buques le exigió normalizar la inscripción.

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Pesqueros en el puerto de Rawson, en Chubut.

Como la Provincia no podía entregar la documentación necesaria, el barco quedó definitivamente sin autorización para la actividad pesquera. Básicamente, pese a que lo pagó disciplinadamente, a su comprador no le servía para nada.

Ahí comenzó otro despropósito. En mayo de 1979 —hace 46 años y durante otro gobierno dictatorial en la provincia— Dos Reis presentó su primer reclamo administrativo. Pero desde entonces y hasta más de dos décadas después de la compra del buque, el Estado provincial fue incapaz de darle una respuesta.

En 2004, en tiempos de gestión del gobernador Mario Das Neves, el tema "explotó" públicamente. Especialmente, porque a esa altura, el Estado provincial ya tenía todas las de perder si el caso se judicializaba. Y entonces, más despropósitos: en lugar de buscar un acuerdo extrajudicial con el perjudicado, año tras año la pelota se fue pateando para adelante.

El incendio que destruyó expedientes en Chubut

El Estado explicó que los expedientes administrativos del caso -presentados por Dos Reis- se perdieron en un incendio destruyó las instalaciones de Corfo en Roberto Jones 152, en Rawson, durante la noche del 2 de junio de 1997.

Desde la propia administración provincial se reconoció que "Corfo nunca le entregó la documentación necesaria para hacer la transferencia" y que "el perjuicio sufrido ha sido cuantioso".

El 23 de noviembre de 2009, tras más de 30 años de reclamos administrativos infructuosos, Dos Reis finalmente presentó la demanda judicial. Reclamó $7.700.000, equivalentes por entonces a 2.000.000 de dólares.

Sumando intereses y lucro cesante, la demanda alcanzó los $76.795.127. El conjuez Enrique Santoyani dictó sentencia definitiva el 5 de septiembre de 2013, haciendo lugar a la pretensión del demandante en forma íntegra.

La Cámara de Apelaciones del Noreste confirmó el fallo el 10 de octubre de 2014, calificando la conducta del Estado como "culpa grave, asimilable al dolo".

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La venta del pesquero, en 1973, fue a través de una licitación de la Corporación de Fomento del Chubut (CorFo), que nunca pudo documentar la transferencia.

La Fiscalía de Estado agotó todas las instancias judiciales para eludir el peso de una demanda que, ya hacía rato, crecía como una bola de nieve. Pero el Superior Tribunal de Justicia rechazó el último recurso en agosto de 2015, y la Corte Suprema desestimó involucrarse a través de un recurso extraordinario presentado de Chubut por tratarse de "cuestiones de derecho público provincial".

En 2016, el conjuez Santoyani dispuso el embargo de las cuentas provinciales por $60.309.579.983, aunque la medida fue suspendida ante un recurso de apelación. Un año después, la Cámara revocó el embargo, pero la deuda seguía creciendo.

El 18 de junio de 2021, el tribunal aprobó la liquidación final: US$ 8.057.436 por el valor del buque pesquero e intereses, más US$ 57.237.273 por lucro cesante e intereses, totalizando más de US$ 65 millones.

Tras otra apelación de la Fiscalía de Estado, la Sala A de la Cámara de Trelew definió en agosto de 2022 que no correspondía la dolarización, lo cual significó una reducción de más de $7.000 millones en el monto. Asi, la sentencia definitiva estableció el monto de $351.838.627,16 al 4 de abril de 2017.

La interminable espera del comprador

Manuel Orlando Dos Reis falleció el 14 de junio de 2016 sin recibir un solo peso como resarcimiento. Sus hijos Nixon Klain y Nelson Jimmy Dos Reis quedaron como herederos universales y continúan esperando el cobro. Pero no son los únicos.

El abogado Pablo Assin, por caso, representa a un cesionario de derechos por el 10%, y en diálogo con Radio Chubut, recientemente cuestionó que la cúpula judicial haya admitido recursos del gobierno que "claramente procuran seguir ganando tiempo", en referencia al uso del paraguas de la Ley de Emergencia Económicas para no efectivizar el pago.

Assin argumentó la edad de su cliente, que supera los 80 años, sosteniendo que "el derecho a la ancianidad está por encima de una supuesta emergencia económica". Un derecho que el demandante inicial no tuvo. Y que tal vez algún día alcance a sus hijos y herederos.