¿Fraude electoral en una cooperativa de Chubut?: 60 actas con firmas truchas y avales de gente muerta

Una fiscal de Puerto Madryn solicitó la semana pasada la elevación a juicio oral de la causa en la que un dirigente de la cooperativa Serviccop de esa ciudad de Chubut está acusado de uso de documento falso: habría presentado actas adulteradas para postularse como candidato en una elección de la entidad.

La investigación arrancó tras una denuncia que señalaba que el imputado Germán Martinelli, actuando como apoderado de una lista de delegados, había presentado actas supuestamente firmadas por socios de la entidad. Los documentos contenían nombre, apellido, número de socio, DNI y firma de los avalistas.

"La investigación se inició tras la presentación de 32 actas supuestamente firmadas por socios de Servicoop en el marco de una convocatoria de elecciones internas", explicó la fiscal Ivana Berazategui.

Socios que “no reconocieron su firma”

El análisis de la Fiscalía determinó que muchas de esas actas eran apócrifas. Durante la investigación se realizaron pericias caligráficas y se tomaron testimonios para verificar la autenticidad de las firmas y la identidad de los presuntos avalistas.

La fiscal reveló que "más del 60% de las personas convocadas cuyos nombres figuraban en las actas no reconocieron su firma ni conocían a Martinelli".

Servicoop, cooperativa de Puerto Madryn, Chubut

Pero el dato más grave surgió al constatar que tres personas que aparecían con nombre, apellido y firma en los documentos habían fallecido en 2022 (dos casos) y 2019, es decir, con anterioridad a la convocatoria electoral.

"Se trata de un caso grave, porque se intentó dar apariencia de legitimidad a documentos que no lo eran", evaluó Berazategui. La acusadora agregó que Martinelli fue quien presentó las actas ante la autoridad correspondiente y que hasta el momento "no declaró en la causa".

Un delito con uno a 6 años de prisión

El hecho fue encuadrado en el delito de uso de documento falso, previsto en el artículo 296 del Código Penal, que contempla una pena de uno a seis años de prisión para quien haga uso de documentos falsificados.

"Las actas contienen datos falsos y firmas que no corresponden a los socios que figuran como avalistas. Incluso se detectaron personas que habían fallecido, al menos, un año antes", se indica en la acusación.

Según explicó la fiscalía, la presentación de documentación apócrifa "atentaba contra la legalidad del proceso electoral interno de la cooperativa y podía afectar la representación de los socios".

Con la acusación formal presentada, ahora resta que la jueza de garantías Patricia Asaro fije la audiencia preliminar, instancia en la que se analizarán las pruebas y se decidirá si el caso, efectivamente, pasa a juicio oral.

Otra denuncia contra la cooperativa de Puerto Madryn

La investigación por las presuntas actas truchas se da en medio de otro escándalo en la cooperativa de Puerto Madryn, que salpica a su conducción.

A principios de octubre, el abogado Federico Massoni amplió sus acusaciones penales contra la conducción y otras anteriores de Servicoop, por lo que denuncia como una presunta red de negocios jurídicos y financieros montada en torno a la entidad, acaso similar a un sistema que recientemente salpicó también a la cooperativa de Rawson, con duras acusaciones del propio gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Se trata de un esquema en el que -según explicó el letrado en declaraciones a LU20, participarían abogados, sindicalistas y empresas gestoras, que habrían generado comisiones millonarias y maniobras fraudulentas, todo a costa de los usuarios.

Uno de los mecanismos denunciados consiste en la acumulación deliberada de deudas por parte de la cooperativa, especialmente por aportes sindicales impagos. Esas deudas eran luego ejecutadas judicialmente por el abogado del sindicato, con la cooperativa allanándose rápidamente, sin oponer defensa alguna.

El resultado de esa maniobra era doble: siempre según la denuncia, se pagaba la deuda más intereses y, lo más importante para los involucrados, se liquidaban honorarios para los abogados intervinientes, tanto del gremio como de la propia cooperativa.

"Se llenaron de plata con ese sistema, era un juego perverso que todos conocían", declaró Massoni.

Según sostuvo, el circuito no terminaba ahí. Cuando los honorarios empezaron a concentrarse en pocos actores, habrían aparecido nuevas figuras jurídicas: empresas paralelas o gestoras, creadas con el único fin de intermediar en conciliaciones judiciales.

Servicoop, cooperativa de Puerto Madryn - grua

Estas firmas actuaban en causas donde no existía conflicto real: bastaba con redactar un escrito donde se reconocía la deuda y se pactaba un plan de cuotas. Por ese simple trámite, estas empresas se llevaban comisiones de hasta el 20% del monto acordado.

En uno de los últimos casos detectados, la cifra habría superado los 100 millones de pesos.

"La empresa no discute nada, no aporta nada. Solo redacta un papel y se lleva una fortuna. Eso es saqueo con nombre de gestoría", expresó Massoni, aludiendo a que estas operaciones se montaban en acuerdo con las autoridades de la cooperativa y el sindicato, quienes avalaban el proceso con sus firmas.

Massoni denunció que todo esto es posible porque la política partidaria se metió en el funcionamiento de la cooperativa.

"Desde que la usaron como caja, se naturalizó lo ilegal", afirmó, señalando que muchas de estas prácticas han sido aceptadas por años sin controles reales.

Criticó también que los miembros de los consejos de administración se presten a estos manejos, validando con sus votos un sistema donde el beneficio privado pasa por delante del interés de los asociados."Nos acostumbramos a que lo malo está bien", sintetizó.