Giro en una causa grave de abuso: el acusado estuvo a punto de evitar un castigo efectivo de prisión

Un hecho de violación que parecía iba a quedar impune luego del controvertido fallo de un tribunal, tuvo otro desenlace luego del trabajo encabezado por el asistente letrado del Ministerio Público Fiscal (MPF), Eduardo Dedominichi.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Zapala. La víctima era una adolescente que se encontraba bajo el cuidado de una familiar adulta y convivía con el acusado. En 2022, el acusado identificado por sus iniciales como R.A.G. cometió un abuso sexual con acceso carnal, aprovechando la situación de convivencia y la relación de autoridad existente dentro del hogar. Posteriormente, durante 2023, cometió un segundo abuso sexual simple, mediante tocamientos, bajo la modalidad de delito continuado.

Originalmente, la investigación llegó a juicio por esos abusos y por un tercer hecho, todos cometidos entre 2022 y 2023. En junio de 2025, el tribunal integrado por Diego Chavarría Ruiz, Eduardo Daniel Egea y Juan Pablo Balderrama declaró al acusado responsable por uno de los hechos -abuso sexual simple, agravado por la convivencia y cometido en modalidad continuada durante 2023- y le impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

El mismo tribunal lo absolvió por las otras dos imputaciones, que implicaban una calificación legal más grave. El asistente letrado Dedominichi impugnó esa decisión: un nuevo tribunal le dio la razón y ordenó realizar un nuevo juicio para abordar uno de los hechos que había sido descartado.

La acusación contra los agresores del hombre que permanece en terapia intensiva se realizó en Zapala.

Claudio Espinoza

El nuevo proceso concluyó el pasado 7 de septiembre con una declaración de responsabilidad por el abuso sexual con acceso carnal cometido en 2022, agravado por el aprovechamiento de una situación de convivencia preexistente con una persona menor de 18 años.

La fiscalía reclamó 12 años de cárcel

En la audiencia de determinación de pena, junto a la Defensoría de Niñez y Adolescente (que en este tipo de casos interviene como querella institucional en representación directa de la víctima), Dedominichi solicitó 12 años de prisión de cumplimiento efectivo y la unificación con la condena anterior. El planteo se fundamentó, entre otros aspectos, en la extensión del daño y la asimetría de poder existente entre el acusado y la víctima. Para sostener esos agravantes, declararon profesionales de trabajo social y una psicóloga que intervino en el acompañamiento terapéutico de la adolescente.

Finalmente, el tribunal integrado por Ignacio Pombo, Bibiana Ojeda y Laura Barbé le impuso al violador 8 años de prisión de cumplimiento efectivo por el hecho ocurrido en 2022 y unificó esa pena con la condena anterior de 3 años. De este modo, estableció una pena única de 8 años y 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

La víctima seguirá de cerca el cumplimiento de la pena

Como parte del fallo, R.A.G. será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS), mientras que la víctima, tras haberlo solicitado ante el tribunal, será informada sobre las resoluciones que se adopten durante la etapa de ejecución de la pena.

El nombre del condenado se reserva para evitar que, a partir de su identificación, pueda conocerse la identidad de la víctima. La medida responde a la necesidad de proteger su intimidad y evitar cualquier dato que permita individualizarla.