La estrategia de Cristina para tratar el impuesto a la riqueza

Con el objetivo de tratar un eventual Impuesto a la riqueza, Cristina Kirchner le pidió a la directora de Asuntos Jurídicos el Senado, Graciana Peñafort, que le solicite a la Corte Suprema una “declaración de certeza de constitucionalidad”, un aval legal, para que la Cámara alta y Diputados puedan sesionar por videoconferencia.

El pedido busca a su vez que el Congreso pueda tratar todos los temas que quedan afuera de de la competencia de los Decretos de Necesidad y Urgencia, como cuestiones legislativas y electorales, además del tributo extraordinario a las grandes fortunas que prepara Mázimo Kirchner, jefe del bloque de diputados del Frente de Todos.

Con el aval de la Corte a la sesión virtual el Frente de Todos quiere asegurarse de que no se podrá cuestionar la legalidad de esa modalidad y cerrar el camino para cualquier cuestionamiento futuro con amparos y otros mecanismos judiciales.

El Impuesto a la Riqueza, es tributo extraordinario a los grandes patrimonios y las ganancias millonarias para ayudar al Estado a atender la emergencia sanitaria y económica en medio de la pandemia de COVID-19. Le permitiría al gobierno recaudar hasta 3800 millones de dólares, según detalla un informe elaborado por la consultora Proyecto Económico en base a las declaraciones juradas de Bienes Personales.

La vicepresidenta prefirió hasta ahora preservar la seguridad sanitaria de los senadores y el personal de la Cámara y no hubo sesiones ni propuestas para que las haya.

Hasta ahora hubo solo reuniones de bloque y dos comisiones, todo en forma virtual con exposiciones de los ministros de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, y de Trabajo, Claudio Moroni.

La cámara baja, en cambio, lleva dos semanas con intensas reuniones de comisiones por las que pasó media docena de ministros y reuniones de labor parlamentaria con la modalidad teleconferencia de la que participaron todos los jefes de los bloques.

En las conversaciones que ha mentenido con Cristina Fernández de Kirchner, Massa quedó a cargo de la firma de un acuerdo con el Regristro Nacional de las Personas (RENAPER) para que se validen los rostros de diputados y senadores como forma de identificación. Algo parecido a lo que se pide en la versión para celulares de la aplicación de la AFIP. También Massa firmó un acuerdo con la empresa estatal ARSAT para que la tecnología que se utilice en las teleconferencias sean del Estado argentino.

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