Tras los cambios acordados, el Gobierno Nacional asegura que tiene los votos para aprobar este miércoles la reforma laboral que ya se debate en el Senado. La sesión comenzó pasadas las 11 y se extenderá, se espera, hasta la medianoche.
Mariano Recalde: "el proyecto es absolutamente desequilibrado"
El senador de Unión por la Patria Mariano Recalde cuestionó el proyecto impulsado por el oficialismo y lo definió como una ley “absolutamente desequilibrada”, orientada —sostuvo— a beneficiar a las empresas en detrimento de los trabajadores. Durante una extensa intervención en el recinto, afirmó que el oficialismo no pudo señalar “un solo artículo” que mejore la situación laboral y advirtió que la iniciativa avanza sobre derechos consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, en particular el artículo 14 bis.
Uno de los ejes centrales de su exposición fue el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al que calificó como “el punto más escandaloso” del proyecto. Recalde comparó el esquema con el sistema de las AFJP y sostuvo que el fondo “desprotege frente al despido arbitrario”, subsidia cesantías y desfinancia a la Anses, al tiempo que beneficia a administradoras privadas y a grandes empresas. Según explicó, el mecanismo perjudica especialmente a las pymes, que necesitarían años de aportes para cubrir una eventual indemnización, mientras que las compañías de mayor tamaño podrían hacerlo en plazos más breves.
El legislador también rechazó el argumento oficial de que la reforma generará empleo registrado. En ese sentido, recordó que en anteriores procesos de flexibilización laboral —como en la década del noventa, durante el gobierno de la Alianza o con reformas recientes— no se registraron aumentos sostenidos del empleo formal. Por el contrario, señaló que en el último año y medio se produjo una caída en la cantidad de trabajadores registrados y el cierre de empresas. En contraste, reivindicó el período 2003-2015, cuando —según afirmó— se crearon millones de puestos de trabajo y más de 230 mil empresas, aun con un marco de mayores derechos laborales.
Recalde también cuestionó los cambios en materia de litigiosidad laboral. Denunció que el proyecto endurece sanciones para trabajadores que reclaman derechos mientras elimina penalidades para empleadores con conductas temerarias o evasivas. En su exposición, advirtió que la iniciativa limita el principio del in dubio pro operario, altera el criterio de la norma más favorable y prioriza convenios por empresa aun cuando resulten menos beneficiosos que los sectoriales, lo que —según planteó— afecta pilares centrales del derecho laboral.
Entre otros puntos, señaló que la reforma amplía los períodos de prueba, facilita despidos sin preaviso, modifica la protección de trabajadoras de casas particulares y excluye a trabajadores de plataformas digitales y a quienes firman contratos de locación de servicios del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo. En ese contexto, sostuvo que el proyecto refuerza la idea de que “vale más lo que se firma en un papel que lo que ocurre en la realidad”, en contradicción con la doctrina constitucional en materia laboral.
En el tramo final de su intervención, el senador negó que la iniciativa tenga un carácter “moderno” y afirmó que retoma contenidos de reformas laborales del pasado. Además, indicó que el problema central de los trabajadores es la pérdida de poder adquisitivo, con salarios por debajo de la inflación y paritarias con límites. “Esta ley busca equiparar para abajo y legalizar incumplimientos”, expresó.
Finalmente, adelantó que el bloque de Unión por la Patria votará en contra en general, aunque dejó abierta la posibilidad de discutir en particular artículos específicos durante el tratamiento parlamentario.













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