Villa La Angostura: pidieron 12 años de cárcel para el estafador de los lotes

Luego de tres jornadas de audiencias, el fiscal Adrián De Lillo y el asistente letrado Federico Gayós requirieron que se le impongan 7 años y medio de prisión al estafador Ramiro Fabián Fernández. La querella elevó el pedido a 12 años.

Anteriormente y mediante un acuerdo, había sido condenado por cometer estafas en la venta de terrenos por un valor aproximado de 1 millón de dólares, a través de la sucursal en Villa La Angostura de una inmobiliaria con sede en Buenos Aires.

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La fiscalía de Villa La Angostura encabezó la investigación por los abusos sufridos por la menor.

El juicio de cesura comenzó el lunes de esta semana y estaba programado para realizarse durante cuatro jornadas. Tras la recepción de aproximadamente 30 declaraciones testimoniales, finalmente demandó tres jornadas.

Los delitos por los cuales se debe fijar la condena y por los que la fiscalía, los abogados querellantes que representan a las víctimas y la defensa de Fernández, acordaron la responsabilidad penal son estafa (36 hechos de estafas, 34 inmobiliaria y 2 financieras) y desbaratamiento de derechos acordados (3 hechos), todos en carácter de autor y en concurso real (artículos 173 inciso 11, 45, 172 y 55 del Código Penal).

Luego de la producción de la prueba, los representantes del MPF valoraron las circunstancias agravantes y atenuantes particulares del caso y pidieron que se impongan 7 años y 6 meses de prisión. La querella particular, por su parte, requirió 12 años de prisión de cumplimiento efectivo y la defensa, 1 año y 6 meses.

El tribunal colegiado que intervino durante el debate está integrado por los jueces Vanessa Macedo Font, Maximiliano Bagnat y Federico Sommer. Los magistrados adelantaron que darán a conocer la pena mañana viernes.

Estafas millonarias

El proceso contra Fernández se inició el 8 de marzo de 2024, cuando se le formularon cargos por 45 hechos de estafas en concurso real y en calidad de autor, de los cuales 43 habían sido cometidos bajo la modalidad de estafas inmobiliaria, mientras que las 2 restantes fueron bajo la modalidad de estafa financiera, por un monto aproximado de 1,2 millones de dólares.

A pedido de la fiscalía el caso fue declarado complejo, y se fijó un plazo de investigación de 6 meses, término que fue prorrogado en tres oportunidades.

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Durante el desarrollo de la investigación, el número de hechos fue modificándose y el 20 de diciembre de 2024 se reformuló la acusación, atribuyéndole en total 49 hechos de estafas (47 inmobiliarias y 2 financieras) y un hecho de desbaratamiento de derechos acordados.

El Ministerio Público Fiscal aseguró que las evidencias recolectadas, entre las que figuran distintos boletos de compraventa y también escrituras, “llevaron al Ministerio Público Fiscal a la necesidad de reformular los cargos en relación a la venta de algunas unidades funcionales".

Por último, el 3 de febrero pasado y tras procesar toda la información recolectada, hubo una nueva reformulación de cargos en la que se le atribuyeron un total de 39 hechos, por los que finalmente aceptó su responsabilidad y fue condenado.

Un mismo lote vendido varias veces

Las estafas fueron cometidas bajo tres modalidades comisivas, entre agosto de 2017 y diciembre de 2023. La primera fue en el ofrecimiento para la venta de unidades funcionales de un loteo, para luego al momento de suscribir los respectivos boletos de compraventa, colocar nomenclaturas catastrales correspondientes a otros lotes que ya habían sido vendidos, llegando a revender un mismo lote en más de oportunidad.

La segunda modalidad adoptada consistió en plasmar en un boleto de compraventa nomenclaturas catastrales de una unidad funcional inexistente dentro del mismo loteo.

Finalmente, Fernández fue acusado de vender unidades funcionales respecto de las cuales no era propietario, ni tenía poder conferido a su favor que le permitiese llevar a cabo las operaciones de venta concretadas.

El monto de la estafa fue aproximadamente de 1 millón de dólares.